El Parlament promueve un acuerdo social para atajar la siniestralidad laboral

José Luis López Bulla, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds y ex secretario general de CC OO de Cataluña, consiguió ayer que el Parlament aprobara su propuesta de abrir una negociación entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno catalán para abordar los problemas de la siniestralidad laboral, que ayer se cobró una nueva víctima mortal, con lo que suman ya 136 en lo que va de año en Cataluña.

La propuesta prosperó con el apoyo, inusual para ICV, de los diputados de CiU y del PP, y la abstención de los socialistas y republicanos, en la segunda y última parte del debate sobre la siniestralidad laboral celebrado ayer.

El Gobierno de Jordi Pujol necesitaba salir de este debate parlamentario con un acuerdo que le permitiera recuperar algo de su maltrecha credibilidad en esta materia. Y se agarró a la propuesta de concertación social formulada por López Bulla en la primera parte del debate. En concreto, lo que se aprobó es abrir antes de fin de año un proceso de negociación con los agentes sociales para la 'promoción de la cultura preventiva en los centros de trabajo'. La negociación habrá de abordar, entre otras cosas, la incidencia de la subcontratación y la temporalidad de los contratos de trabajo, las medidas de seguridad en las grandes obras, la formación para la seguridad y la financiación de los planes de promoción.

El Gobierno de Jordi Pujol necesitaba este acuerdo de carácter general, basado en una propuesta de una figura tan significativa en el sindicalismo catalán como López Bulla, para relativizar dentro de lo posible la rotunda reprobación planteada por los tres grupos parlamentarios de la izquierda a su política de prevención de la siniestralidad. El apoyo del PP salvó una vez más al Gobierno de Pujol, y en particular en este caso al consejero de Trabajo, Lluís Franco, de la reprobación presentada por los grupos parlamentarios del PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds.

Los socialistas y ERC no quisieron votar afirmativamente el encargo al Gobierno de abrir un proceso de concertación social sobre la siniestralidad laboral para evitar, precisamente, que el consejero de Trabajo pudiera presumir de que disponía de un mandato unánime del Parlament. Los portavoces del PSC y ERC, Joaquim Nadal y Josep Huguet, respectivamente, explicaron que su abstención en este acuerdo se debía no a su contenido, sino al temor de que CiU lo instrumentalice de forma partidista.

El apoyo del PP al Gobierno de los nacionalistas catalanes, sin embargo, no fue gratis. El consejero Franco había sostenido anteayer en la primera parte del debate que su política de prevención de accidentes era buena y eficaz y que, por supuesto, no era necesario poner en marcha ningún plan de choque, como quería el PP, para hacer frente al incremento de accidentes laborales mortales registrado en los últimos años. Pero ayer CiU tuvo que plegarse a las exigencias del PP.

A cambio del apoyo recibido para evitar la reprobación, sus diputados votaron a favor de la elaboración de un 'plan de acción' para abordar el alarmante aumento de las muertes por accidente laboral. Esta propuesta prosperó con la única salvedad de que donde la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho hablaba de plan de choque, se puso plan de acción.

La oposición del PP no pudo evitar que todos los demás grupos votaran a favor de reclamar el traspaso a la Generalitat de todas las competencias y recursos de la Inspección de Trabajo.

También se aprobó, en este caso con la abstención de ICV, estudiar la conveniencia de elaborar o no una ley catalana de prevención de riesgos laborales. López Bulla destacó que la vigente ley española sobre esta cuestión 'es la mejor de Europa' y que en su opinión los problemas existentes para atajar la siniestralidad laboral no son de tipo legislativo. Proceden, dijo, de la insuficiente voluntad política del Gobierno y de las resistencias de la patronal a aplicar, precisamente, la legislación vigente.

El consejero de Trabajo obtuvo que se aprobara la elaboración de un plan para integrar la previsión y seguridad laboral en todos los niveles de la enseñanza, desde la primaria hasta la formación de adultos, el reciclaje de trabajadores y en los cursos por Internet.