600 soldados han sido detenidos y torturados en México, según las familias

La suerte de unos 600 soldados y oficiales del 65 Batallón de Infantería del Ejército mexicano quedó perdida en el limbo de la Justicia durante 15 días. Ese tiempo tardó la Secretaría de la Defensa Nacional en informar de que, al menos, 48 de los militares son investigados por supuestos vínculos con el narcotráfico que opera en el Estado de Sinaloa y en una amplia zona del norte y noroeste mexicanos. El silencio castrense sólo se rompió cuando familiares de los militares, incomunicados por sus superiores, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y exhibieron ante la prensa fotografías de personas hacinadas y posibles víctimas de malos tratos y de torturas.

Jaime Cinco Soto, presidente de la CEDH, no recuerda un caso así de todo un batallón detenido por sus propios compañeros de armas, en el que considera que se violaron los derechos humanos de los militares. La Constitución no permite la incomunicación por más de 48 horas, e incluso los sospechosos de haber cometido delitos gozan de derechos. Durante 15 días, las autoridades militares no respondieron a los familiares ni a la prensa y se escudaron en su silencio.

El defensor de los derechos humanos no ocultó su sorpresa por el hermetismo de los militares, que le impidieron el paso cuando pretendía certificar la situación de los detenidos que, según sus familiares, habían sido víctimas incluso de torturas en la investigación sobre la infiltración del narcotráfico en sus filas.

El general Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional, apareció en televisión para informar de que 48 integrantes del 65 Batallón de Infantería con sede en Sinaloa podían estar involucrados en narcotráfico. Rechazó que los militares hubieran estado detenidos durante días después de que se facilitaran informes de presuntas actividades ilícitas en el batallón y manifestó que lo que pasó es que se decidió concentrar a todos los efectivos para iniciar una investigación. 'Preferimos dar la cara, ventilar el asunto y actuar con transparencia', dijo.

La versión oficial, brindada por la televisión, apunta a que se descubrió a soldados que habitualmente subían a la sierra a destruir plantaciones y que tenían droga y dinero, cuyo origen no podían aclarar. Entre los inculpados se encuentra un teniente prófugo, y un subteniente. Además, 40 de los acusados sometidos a un examen dieron positivo por consumo de sustancias prohibidas.

La CEDH viajó a Sinaloa para investigar las denuncias.