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La indemnización al ex alcalde de Benicàssim no se ajusta a ley, según los socialistas

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, aseguró ayer que la indemnización que el alcalde José Luis Gimeno pretende pagar al ex alcalde de Benicàssim, Alejandro García, en concepto de expropiación de una actividad que cesó en 1995 'no se ajusta a la ley'. Además, según Alcalde, el local en cuestión, una discoteca, era deudor del Ayuntamiento y estaba embargado. El equipo de gobierno tardó varios días en pronunciarse sobre la denuncia del PSPV acerca de la intención del PP de pagar 100.000 euros al propietario de un local cerrado hace siete años y del que ya no es propietario. Al final, el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, aseguró que la indemnización es 'legal' y lo justificó en un convenio firmado entre Gimeno y García en 1995, y en el acuerdo plenario de septiembre del mismo año, en el que se enumeraban los beneficiarios de estas expropiaciones. El convenio cuenta con las únicas firmas de ambos y no está avalado por ningún técnico municipal.

Para el PSPV, el acuerdo está plagado de 'dudas legales' y condiciona la indemnización a que sea necesaria la expropiación, requisito que 'no se cumple'. Respecto al acuerdo plenario, Miguel Alcalde mantiene que 'en la relación de afectados por estas expropiaciones se incluía el nombre de cuatro personas como beneficiarias del lucro cesante de la discoteca'. Sin embargo, en el listado de beneficiarios publicado en julio de 2002 sólo se incluye a García, 'excluyendo al resto de propietarios sin razón aparente'. Un informe de la Intervención Municipal indica además que la situación del establecimiento fue, al menos, irregular, ya que el Ayuntamiento de Castellón inició en 1993 un expediente de embargo por impago del IAE que, sin embargo, no pudo ejecutar porque la discoteca ya estaba embargada por la Agencia Tributaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de octubre de 2002