La regidora de Chinchón dimite por pesar sobre ella una condena

Después de resistirse durante meses a dejar el cargo, Ana María Magallares, alcaldesa de Chinchón (PP), se vio obligada a dimitir el miércoles en cumplimiento de la sentencia que la condenó en 2000 a ocho años de inhabilitación. El fallo fue ratificado por el Supremo en julio pasado. Magallares había desoído desde entonces las indicaciones de su partido para que dejase la alcaldía, alegando que iba a recurrir ante el Constitucional y a pedir el indulto.

El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, confirmó ayer que la regidora de Chinchón (3.900 habitantes) ha dejado finalmente su puesto de primera edil. Tras conocer el pasado julio la confirmación de su condena por el Tribunal Supremo, Magallares, de 37 años, delegó sus funciones provisionalmente en su primer teniente de alcalde, Francisco José Grau, también incurso en otro proceso judicial por presunta prevaricación y coacciones.

La alcaldesa aseguró entonces que no dimitiría porque iba a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y a solicitar el indulto al Gobierno. Ahora, en cambio, ha decidido abandonar el cargo. 'He considerado, de forma totalmente personal y sin presiones del partido, que era el momento adecuado. Seguiré adelante con el recurso de amparo y la petición de indulto', explicó ayer a este periódico.

Sin embargo, Encarnación Moya, diputada regional y concejal del PSOE en Chinchón, aseguró que la decisión de Magallares no ha sido voluntaria. Según Moya, el pasado miércoles la Audiencia Provincial de Madrid comunicó al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia, lo que hacía imposible que la alcaldesa continuara en el cargo, ya que la condena supone su inhabilitación para el mismo, informa Ángel Zafra.

Tras producirse la renuncia, el sillón de concejal de Magallares será ocupado por otro miembro de la lista electoral presentada por el PP en los comicios municipales de 1999. Después, el Ayuntamiento deberá convocar un pleno excepcional en el que será elegido el nuevo alcalde (cargo que probablemente recaerá en Francisco José Grau, según fuentes del PP). El Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio: tiene seis concejales, por tres del PSOE y dos del Partido de Acción Democrática Española (PADE).

Comisión de cuentas

Ana María Magallares fue condenada en febrero de 2000 a ocho años de inhabilitación por la Audiencia Provincial, que concluyó que la alcaldesa había cometido dos años antes un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) al no convocar una comisión de cuentas que el pleno municipal había aprobado. Posteriormente, en julio de este año, la condena fue ratificada por el Supremo.

El calvario de Magallares había comenzado el 30 de diciembre de 1997. Aquel día, la división en el Grupo Popular del Ayuntamiento impidió a la alcaldesa sacar adelante la votación de los presupuestos: tres de los seis concejales del PP se abstuvieron al considerar que el volumen de dinero propuesto por Magallares para el ejercicio 1998 (471 millones de pesetas) estaba inflado.

Las cuentas municipales fueron, por tanto, rechazadas, y la alcaldesa tuvo que gobernar con los presupuestos prorrogrados de 1996. Los tres ediles del PP que habían votado contra la regidora se pasaron al Grupo Mixto, y la mayoría del Ayuntamiento quedó en manos de la oposición. Tres meses más tarde, el 20 de marzo de 1998, el PSOE elevó al pleno una moción para crear una comisión que investigase la gestión de los presupuestos de 1996 y 1997. El PP estaba en minoría, y la moción fue aprobada. Pero la alcaldesa nunca llegó a constituirla. Por ello, los socialistas acudieron a los tribunales.

El 23 de febrero de 2000 la Audiencia condenó a la alcaldesa a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación. La regidora recurrió ante el Supremo. En vano: el alto tribunal quitó la razón a Magallares y confirmó la sentencia el pasado 17 de julio.

El PP había pedido desde aquel día a la alcaldesa que dimitiera para no dañar la imagen del partido. Pero Magallares se negó en redondo y se limitó a delegar funciones -en principio, hasta el pasado 10 de septiembre- en su primer teniente de alcalde. Cuando se cumplió el plazo la regidora prorrogó la delegación de funciones, primero hasta el 30 de septiembre, y después, de nuevo, hasta el 15 de octubre. El pasado miércoles presentó su dimisión.