Los consumidores piden al fiscal que investigue a una academia de Cádiz

La Asociación de Consumidores y Usuarios (Facua) solicitó ayer a la Fiscalía de Cádiz que 'investigue y aclare' si los propietarios de la academia de informática Start-up de la capital cometieron algún delito al suspender las clases hace dos semanas sin previo aviso a los estudiantes que habían contratado los cursos. Unos 250 alumnos han denunciado a esta academia por no recibir explicaciones sobre los pagos que abonaron de antemano o los créditos bancarios que algunos han descubierto ahora que tienen que abonar en los próximos meses.

Esta compañía de informática ha sido embargada por la Seguridad Social debido a las deudas que acumulaba, aunque fue declarada en quiebra hace varios meses sin que los estudiantes que seguían contratando los cursos tuviesen conocimiento de ello. Estos hechos pueden ser, a juicio del director de Facua, José Carmona, constitutivos de delito, parecidos a los denunciados contra la academia de inglés Opening. 'Los indicios de delito de estafa son aún mayores ya que, además de la suspensión de las clases y el cobro de los cursos, se suma el hecho de que el propietario y dueño de la academia vendiese propiedades suyas para evitar el embargo por otros créditos que no podía asumir', dijo Carmona, quien sostuvo que esta sucesión de actividades 'hacen necesaria que se ponga en marcha la actividad punitiva del Estado, a través de las denuncias del fiscal, que será quien decida y aclare si existe o no delito'.