Paradojas del subsidio

La marcha atrás de la reforma del desempleo es uno de los asuntos más chuscos ocurridos en los últimos 25 años de democracia española. Sería divertido si no fuera porque nunca es bueno que un Gobierno -cualquiera que sea- haga el ridículo y porque este decretazo, que está ya condenado a morir, ha hecho la pascua a los casi cien mil trabajadores que se calcula que se verán afectados durante su efímera vigencia.

La rectificación del decretazo es un preocupante ejemplo de la falta de criterio del Gobierno. Fíjense, si no, en el tratamiento dado a los salarios de tramitación que es justo el opuesto al recogido en el decretazo.

No deja de ser curioso que el Gobierno, que ha cedido en casi todo, no se haya echado atrás en su plan para extinguir el subsidio agrario. ¿Es un castigo a Andalucía como dicen el PSOE y la Junta o es una perversa manera de inducirles a que reivindiquen con vehemencia un subsidio que casi nadie entiende en el resto de España?

Paradójicamente, era en este asunto en el que las posturas estaban menos distanciadas antes del decretazo. Ya en 1993, Junta, patronal y sindicatos firmaban la primera concertación en la que se hablaba de la 'superación del PER' y 'la adecuación del subsidio agrario a los activos que permanezcan en la agricultura'. No parece que haya mucha distancia entre estos propósitos, lo expresado estos días por Jordi Pujol cuando se manifestó a favor de la 'gradual y selectiva' desaparición del PER y el deseo del Gobierno de 'extinguir' el subsidio.

Ha sido precisamente el decretazo -por lo que tenía de imposición- el que ha terminado rompiendo la posibilidad de un fácil consenso. Lo razonable ahora, cuando Gobierno y sindicatos parecen ponerse de acuerdo en lo demás, sería volver a estudiar el asunto.

Desde el decretazo, la cuestión del subsidio agrario se ha convertido en un nuevo argumento para el pulso Junta-Gobierno. En este tiempo, la Junta, sobreactuando, ha pasado de considerar que el subsidio era algo a superar a describirlo como una conquista irrenunciable, un derecho histórico y hasta darle casi rango de seña de identidad.

Pero difícilmente se puede decir que el subsidio agrario sea un buen sistema de protección social: es el chocolate del loro -menos de medio millón de pesetas al año por persona- y fija en el resto de España la falsa imagen de la Andalucía perezosa, ya que resulta difícil de entender que haya quienes cobran el subsidio mientras los inmigrantes africanos aumentan su presencia en el campo andaluz.

Andalucía ha cambiado mucho estos años y hay zonas en las que el subsidio puede estar de más y zonas en las que sería claramente insuficiente y debería de ser substituido, quizá, por otras fórmulas, como un salario social que atendiera a las necesidades de sus perceptores y no dependiera sólo de la habilidad de éstos para obtener firmas de peonadas.

Es éste un buen momento para reflexionar sobre el futuro del PER. Sería un error desaprovechar la oportunidad y convertirla en una nueva barricada en la confrontación Sevilla-Madrid.