El PNV muestra su 'disposición' a estudiar las medidas del PP y PSOE

El PP y el PSOE van a posponer una semana la presentación de la proposición de ley sobre seguridad de los concejales y medidas contra los ayuntamientos con conductas de apoyo al terrorismo para intentar que todos los grupos la firmen. Ambos partidos se reunirán con IU, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto. El PNV muestra su 'disposición' al diálogo. Su mayor objeción está en la potestad del Gobierno de disolver ayuntamientos.

Populares y socialistas no quieren arrogarse al completo la paternidad del cambio legislativo que se producirá en breve para dar seguridad a los concejales y cargos públicos por la amenaza del terrorismo. El visto bueno a las medidas, que se plasmarán en una proposición de ley, se obtuvo el pasado jueves en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra al Terrorismo y por las Libertades. El PSOE siempre ha tenido un especial interés en que las medidas tuvieran el máximo acuerdo posible aunque asumiendo que los dos firmantes del pacto, el PP y el PSOE, son los que tienen la máxima responsabilidad de llevarlas adelante aunque los demás no las sigan.

Pero no parece que en esta ocasión vaya a haber muchos problemas para que el acuerdo trascienda a los dos principales partidos. Esto es lo que creen los socialitas, tal y como indicó ayer el portavoz parlamentario, Jesús Caldera, tras unas primeras conversaciones informales con IU y el PNV. Caldera llevará adelante las conversaciones con todos los grupos y hoy mismo sabrá si el diálogo lo hará en solitario o acompañado por un representante del PP. Puede ser el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, en algunos casos, o incluso el ministro de Administraciones Públicas, en su calidad de secretario general del PP, Javier Arenas.

De entrada, Arenas está ya buscando una fecha para entrevistarse con el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.

Del otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó ayer su intención de reunirse igualmente con Llamazares en respuesta a la carta que éste le remitió, también a Arenas, para indicar el deseo de Izquierda Unida de estudiar y ser partícipes de la proposición de ley por la que se modificaan seis textos legales.

Aunque Zapatero anunció ayer que hablaría con Llamazares, es posible que las reuniones se canalicen a través de Caldera. IU informó anoche de que tanto el PSOE como el PP habían aceptado 'por separado' la petición de entrevista de Llamazares. El dirigente de IU después de la tormenta vivida en su coalición por las protestas de buena parte de sus dirigentes ante la actitud de sus compañeros en el País Vasco, pretende recuperar el terreno perdido entre sus militantes y votantes nada proclives a aparecer en una vía que no sea la constitucional. Llamazares ya ha adelantado su posición favorable a votar la toma en consideración de la proposición de ley que se debata en el Congreso. Después, en el tramite parlamentario habitual habrá posibilidad de discutir algún punto e incluso que sea aceptado por el PP y el PSOE, siempre que no desvirtue la esencia de la propuesta.

Ésta es la disposición que ayer hizo pública Caldera al anunciar que se pondría de inmediato en contacto con el portavoz de CiU, Xavier Trias, así como con José Carlos Mauricio, de Coalición Canaria, y con representantes del Grupo Mixto.

Los socialistas no ocultan sus interés en que el PNV participe del acuerdo. La ausencia durante toda esta semana de su portavoz en el Congreso, Iñaki Anasagasti, de viaje en Moscú con una delegación oficial del Parlamento, impedirá una reunión personal. Ahora bien, Caldera le indicó la pasada semana el interés de los dos firmantes de que los peneuvistas se unan al acuerdo. 'Veo disposición en el PNV al acuerdo', dijo ayer Caldera. En efecto está disposición existe tal y como manifestaron ayer a este periódico dirigentes peneuvistas.

Disolver ayuntamientos

De momento la diputada y experta constitucionalista Margarita Uría tiene la tarea de estudiar las medidas aprobadas por populares y socialistas para tener una opinión fundada.

La potestad gubernamental de disolver ayuntamientos despierta dudas en el PNV e IU, en sintonía con otras voces de juristas que ven algún obstáculo constitucional en esta propuesta. Otro aspecto que despierta dudas jurídicas en Izquierda Unida se refiere a la imposibilidad de que imputados por delitos de terrorismo concurran a las elecciones aunque no tengan sentencia firme.