Terror y lentejas

PARA SER INSTITUCIONALMENTE operativo y ajustado a derecho, el nuevo pacto político de libre asociación y soberanía compartida del País Vasco con España propuesto por el lehendakari Ibarretxe exigiría una voladura controlada parcial de la Constitución de 1978. Los argumentos utilizados para forzar el supuesto encaje constitucional de esa reforma derogatoria del Estatuto de Gernika niegan la evidencia: la creación de un Poder Judicial autónomo capaz de agotar todas las instancias procesales dentro del País Vasco o el pase foral dirigido a que 'las normas jurídicas externas' (procedentes de las Cortes Generales y la Unión Europea) carezcan de fuerza ejecutiva si afectan a competencias exclusivas hasta que las ratifique el Parlamento de Vitoria no tienen cabida dentro del ordenamiento español.

Los obstáculos jurídico-constitucionales para que la propuesta de Ibarretxe superadora del Estatuto de Gernika pudiera llegar a puerto por los cauces de la legalidad vigente no parecen sorteables

Ibarretxe ha anunciado el propósito de desarrollar su audaz iniciativa política 'mediante la vía procedimental contemplada en las normas estatutarias y constitucionales vigentes'. Si el lehendakari hiciese honor a su palabra, la propuesta del nuevo pacto político estaría condenada al fracaso. La coalición vasca de Gobierno, formada por 33 representantes del nacionalismo moderado y 3 diputados de Izquierda Unida, ni siquiera dispone en el Parlamento de Vitoria de la mayoría absoluta -38 escaños- requerida por el artículo 46 del Estatuto de Gernika para reformar su texto. Resulta inimaginable, de añadidura, que las Cortes Generales -donde el PP tiene mayoría absoluta- pudieran votar la preceptiva ley orgánica ratificadora de una reforma estatutaria aprobada previamente en Vitoria con la oposición de los populares. También cabe descartar que PP y PSOE promovieran la tramitación parlamentaria de la revisión constitucional imprescindible para la aplicación del pacto político: aprobación por los dos tercios del Congreso y el Senado, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum popular.

Existen indicios, sin embargo, de que el escrupuloso respeto a la legalidad prometido por Ibarretxe podría permitirse ciertas alegrías. Por lo pronto, la benevolente inclinación del lehendakari a escuchar a populares y socialistas en el Parlamento de Vitoria no implica que esté dispuesto a tomar sus opiniones mínimamente en cuenta; si lo hiciera -aclara-, los nacionalistas quedarían encadenados 'al fondo del pozo'. Ibarretxe también puede lograr la mayoría absoluta parlamentaria con el apoyo de Batasuna. Y si las Cortes Generales rechazasen el pacto político aprobado por la Cámara de Vitoria con los votos a favor de Batasuna y la oposición de PP y PSOE o se negasen a poner en marcha el indispensable proceso de revisión constitucional paralelo, existiría todavía una vía de escape; según Ibarretxe, el asunto sometido a consulta en el referéndum vasco no tendría que ser necesariamente 'el pacto político alcanzado con el Estado' mediante los procedimientos legales previstos por la Constitución: también podría referirse al proyecto aprobado únicamente por la Cámara de Vitoria.

Hay razones para temer que Ibarretxe no convoque a sus interlocutores del Parlamento vasco o de las Cortes Generales a una negociación política, basada en el diálogo, la argumentación y las concesiones, sino que les envía un contrato de adhesión para su firma obligatoria. La tentativa de abstraer pulcramente la iniciativa orientada a superar el estatuto del sangriento horizonte de los crímenes y amenazas terroristas resulta vana. La conminatoria presentación por el lehendakari del pacto político como un plato de lentejas que los invitados sólo pueden aceptar o rechazar es el reverso del dilema paralelo que les obligaría a tener que elegir entre las reivindicaciones pacíficas de los nacionalistas moderados por las buenas y las exigencias violentas de los nacionalistas radicales por las malas. Una eventual tregua temporal de ETA, condicionada en su duración al éxito final del pacto político, plantearía de nuevo esa mentirosa disyuntiva a las fuerzas democráticas.