Un estudio de la Cámara de Comercio aviva el enfrentamiento entre las químicas y el turismo en Tarragona

Sin tregua. A falta de consensuar, en pocas semanas, el plan director de la química y el turismo en Tarragona por parte del Gobierno de la Generalitat, un duro estudio económico encargado por la Cámara de Comercio ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias, a duras penas superables, entre ambos sectores y ha agrandado la escisión en la entidad cameral, cuyo presidente, Jaume Ferrer, es a la vez representante del sector turístico. El estudio, con un coste de 72.000 euros (12 millones de pesetas), recomienda una moratoria en las inversiones del polígono químico sur; recuerda que 14 industrias son de alto riesgo, con posibilidad de reacción en cadena en caso de accidente, y establece como necesarias la implantación de más zonas verdes y la potenciación del sector del turismo como fuente de ingresos de mayor alcance.

Las conclusiones del estudio, encargado al catedrático de Economía y ex decano de ESADE Robert Tornabell, coinciden punto por punto con las exigencias del sector turístico. El hecho de que el trabajo, presentado el pasado martes con el título Un modelo de desarrollo económico sostenible para el Camp de Tarragona, fuera encargado por la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Jaume Ferrer, es hostelero, ha supuesto críticas veladas por un uso tendencioso de la entidad y una mayor escisión entre los miembros de la misma, divididos en el debate entre química y turismo.

El delegado del Gobierno de la Generalitat en Tarragona, César Puig, se ha visto obligado a salir a la palestra para restar importancia a un estudio 'para el que', dice, 'nadie nos ha consultado y que se ha basado en datos de 1997, cuando nosotros estamos revisando el Plan de Seguridad Exterior Química de Tarragona (Plaseqta), que se presentará dentro de cuatro meses, en el que se incluye la normativa europea Seveso II, de la que se hace eco el informe de la cámara, y el plan director de la química y el turismo, que pretendemos consensuar en 15 días'. El delegado del Gobierno afirma que el informe no ha aportado datos nuevos o desconocidos en el área y considera la recomendación de moratoria 'desafortunada, puesto que si no se hacen inversiones en el polígono sur, se acabará operando con plantas obsoletas para amortizarlas, lo que aumentaría el riesgo'. Puig recuerda que el plan director paralizará el crecimiento en hectáreas del polígono sur, lo que no supondría un problema, puesto que las químicas construyen nuevas plantas sobre las antiguas, desmanteladas, y potenciará el polígono norte, situado en La Pobla de Mafumet y El Morell. Una de las cuestiones todavía pendientes es el futuro de los terrenos de la Universidad Laboral, en los que no se descarta ubicar un parque tecnológico.

De similar opinión es el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal -cuyo apoyo a la industria química es conocido-, quien, de forma irónica, consideró que 'el estudio habría sido más barato si se hubiera acudido a las fuentes oficiales, a los ayuntamientos o a la Generalitat'. El concejal de Medio Ambiente, Agustí Mallol, coincide en afirmar que el estudio es 'alarmista', un calificativo que también utilizó la Asociación Empresarial Química de Tarragona, que además lo acusa de tendencioso -por no consultar a las partes implicadas - y afirma de él que 'cae en contradicciones, puesto que recomienda un crecimiento como el de Rotterdam, una ciudad con mayor concentración industrial'.

El presidente de la cámara, Jaume Ferrer, rechaza que se haya hecho un uso inadecuado de la entidad y asegura que su intención fue 'animar y limar asperezas'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 05 de octubre de 2002.

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