El forzado apoyo a una reforma no querida

Jordi Pujol se ha resistido tenazmente durante los 22 años que lleva como presidente de la Generalitat a plantear la reforma del Estatuto de Autonomía y cuando, como acaba de suceder ahora, no le ha quedado más remedio que votar en el Parlament a favor de la reforma, la ha remitido a un futuro más bien indeterminado. De manera que si la reforma del Estatut llega a plantearse en la próxima legislatura autonómica, Pujol habrá logrado poner fin a su larguísima etapa como presidente sin haberla iniciado. Que es lo que quería. Si hay reforma, la emprenderá otro. Pujol habrá sido siempre presidente con el Estatut en los términos negociados por todos los partidos catalanes con Adolfo Suárez en las agotadoras jornadas de agosto de 1979 en La Moncloa.

Las razones de Pujol para mantener esta posición a capa y espada son poderosas. La primera, la más de fondo, la adoptó ya en la etapa de la transición. Es su convencimiento de que, una vez instaurada la democracia, muy difícilmente habrá ya en los círculos dirigentes españoles un sentimiento de deuda hacia Cataluña como el que había al final del franquismo y el principio de la transición. Pujol cree, según ha explicado alguna vez, que el Estatut es en gran medida fruto de esa conciencia española de que había que reparar los daños provocados a Cataluña por la dictadura, que podía ser incluso mala conciencia en los reformistas franquistas dirigidos por Suárez.

La consecuencia de este modo de pensar, que ha guiado a Pujol hasta ahora, es que si en una coyuntura tan excepcional como la marcada por el hundimiento del franquismo y su sustitución por una democracia, lo máximo que se obtuvo fue el título VIII de la Constitución y el vigente Estatut, no cabe esperar más de unos gobiernos y unos partidos españoles de los que desconfía profundamente. Unas fuerzas políticas a las que desde 1982 acusa de recortar la autonomía catalana y propiciar su asfixia financiera. Y sin el acuerdo de los dos grandes partidos españoles no hay reforma estatutaria posible.

Al remitir al futuro el inicio de la reforma, Pujol consigue llegar al final de su presidencia manteniendo otro de los motivos que le han llevado a no emprenderla. Y es que él sostuvo desde el primer día que el Estatut era bueno. Luego ha sostenido que lo malo ha sido la política autonómica del PSOE y del PP. Aceptar la reforma, sobre todo en los términos que la proponía ERC, era asumir que el Estatut era insuficiente. Y, por lo tanto, que en 1979 se hizo, él también, una mala negociación.

Sin embargo, estaba cantado que cuando, en el verano de 1998, Pasqual Maragall cambió la posición de los socialistas sobre este asunto, Convergència i Unió (CiU) no podía tardar mucho en seguirle. Maragall comenzó hablando de reforma por adicción, de reforma para adaptar el Estatut a los tratados europeos. Y, también, de reforma como manera de recuperar una unidad de los catalanistas perdida, desde el primer instante que sucedió a la aprobación del Estatut. Es decir, desde las elecciones autonómicas de 1980. La reforma aceptada por Maragall permitía reformular las alineaciones en el catalanismo, como se vio en 2001 con el acuerdo para la mejora del autogobierno firmado por el PSC, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Lo único que impedía a CiU incorporarse a ella era, precisamente, su rechazo a reformar el Estatut. En este asunto, sin embargo, los contenidos no lo son todo. También cuenta quién encabeza qué. Pero era ingenuo pensar que Pujol y CiU pudieran aceptar pasivamente una situación como ésta. Para Pujol es sencillamente inaceptable que CiU pierda la iniciativa en una cuestión de este tipo, que está en el centro de las preocupaciones de los nacionalistas.

Llegado este punto, el dilema de CiU era el siguiente: permitir que el bloque PSC-ERC-ICV encabezara el proceso de reforma estatutaria, manteniendo la posición clásica de Pujol, o bien abandonarla y asumir que ha llegado la hora de plantear la reforma, pero procurando encabezarla.

La decisión adoptada por CiU fue la de ofrecer a ERC la formación de un bloque nacionalista para encabezar la reforma. Para ello utilizó una treta consistente en presentar en el Parlament una resolución que, junto a la propuesta de emprender la reforma, incluía una equiparación y severa descalificación de las políticas autonómicas del PSOE y el PP que era inaceptable para el PSC. Por eso el acuerdo del Parlament sobre la reforma tiene sólo los votos de CiU y ERC, aunque es notorio que también el PSC e ICV la proponen.