González niega ante la juez su relación con el contrato que originó su dimisión

El ex presidente de la Diputación de Córdoba Matías González negó ayer ante la juez Ana María Relaño haber tenido relación en la contratación de María Ángeles Budía, con la que se le atribuyó una supuesta relación sentimental y que provocó la dimisión de éste en agosto. El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba investiga si González es autor de un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) al haber contratado a Budía como consecuencia de esa relación.

González indicó al término de su declaración que él había manifestado a su jefe de gabinete que 'tenía interés' en que la joven fuese contratada por razones sociales y que fue la mesa de contratación de la Diputación la que decidió finalmente incluirla en la nómina de la institución durante algún tiempo. El ex presidente reiteró que no había mantenido relaciones sentimentales con María Ángeles Budía. Ésta negó también ante los periodistas haber sido amante de Matías González, aunque en su declaración ante la juez confirmó lo contrario. María Ángeles Budía llegó a los juzgados disfrazada con una peluca y con gafas de sol para despistar la atención de los fotógrafos y cámaras de televisión.

El secretario general de la Diputación de Córdoba, Cristóbal Toledo, reprodujo ante la juez el informe que emitió después de conocerse la contratación de Budía, en el que decía que su inclusión como empleada se había hecho sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y publicidad. González indicó que no se hubiese contratado a la joven si ese informe se hubiese emitido antes de la firma del contrato.

La contratada afirmó que desconocía la existencia de unas cintas magnetofónicas en las que se recogen conversaciones privadas entre González y Budía en la que ésta le reprocha que tuviese que mantener relaciones sexuales para continuar en su empleo. Ésta responsabilizó de esas grabaciones al empresario Ramón Baena, que mantuvo a ésta como colaboradora en su empresa de higiene bucodental.

Como consecuencia de ello, González denunció por amenazas y coacciones a ambos y más tarde intentó retirar la denuncia tras haber recibido una carta de ellos en la que le pedían disculpas por todo lo sucedido.Sin embargo, la Fiscalía siguió adelante con la investigación y pide para cada uno de ellos un año de prisión por esas amenazas. Durante la tramitación de ese procedimiento, González explicó que se contrató a María Ángeles Budía por razones sociales, lo que llamó la atención de la fiscal, que dedujo testimonio de lo declarado por si pudiera constituir un delito de prevaricación.