En Euskadi no hay libertad para todos

Con su brutalidad acostumbrada, ETA ha venido a recordar que en el País Vasco no hay la misma libertad para todos. Ha venido a recordárselo no a quienes padecen esa situación, pues en ningún momento ha dejado el terrorismo de actuar o intentar hacerlo contra concejales y militantes no nacionalistas. En su estrategia de socializar el miedo, ahora amplía la amenaza no sólo a los cargos públicos del PP y el PSOE, sino a sus simpatizantes: a todos aquellos que acudan a sus locales o a sus mítines. Por extensión, todos los votantes de esos dos partidos podrían sentirse incluidos: cerca de 600.000 ciudadanos vascos, según el resultado de las últimas elecciones autonómicas.

No hay gran diferencia entre esa declaración y la que hizo un dirigente de la rama juvenil de Batasuna el año pasado al periódico La Repubblica: 'ETA ha definido bien sus objetivos (...). Concejales del PP y del PSOE, por ejemplo, me parece que no caben dudas: son objetivos legítimos a eliminar'. Y en la entrevista a ETA publicada en el periódico Gara el 7 de junio de 2001, el portavoz de los terroristas justificaba los atentados contra concejales del PSOE por la firma del Pacto Antiterrorista y porque 'llevan a cabo su trabajo político bajo la protección de las Fuerzas Armadas'.

El mensaje no es nuevo para populares y socialistas y tampoco debería serlo para los nacionalistas, aunque estos últimos actúan como si lo fuera. Contra lo que se ha dicho, el planteamiento rupturista de Ibarretxe no está formulado como si ETA no existiese, sino contando con que existe. Al plantear directamente al Gobierno de España un pacto llamado 'de convivencia' sobre bases que se reconocen inaceptables para socialistas y populares vascos, se está simplemente prescindiendo de la mitad no nacionalista de la población; es decir, de quienes tienen una dificultad que no afecta a los nacionalistas para defender sus posiciones, no ya en una eventual consulta como la que propugna Ibarretxe, sino siquiera en las elecciones.

Ayer, Arzalluz propuso a sus seguidores acudir a las sedes de los partidos no nacionalistas para hacerlas más seguras frente a las amenazas de ETA. Es significativo que hasta cuando pretende ser generoso recurre al sarcasmo. Del PP dijo que esos 'no tienen ni casas del pueblo', para añadir que el riesgo no es grande y que el objeto de la iniciativa es 'apoyar a los concejales amenazados que tengan miedo'. No hay concejales amenazados que no lo tengan.

El presidente del Euskadi Buru Batzar también dijo que 'han vuelto los nacionales', es decir, los franquistas, que 'pretenden hacer con la ley lo que Franco hizo con las armas'. Como si fuera lo mismo aplicar la ley en un Estado de derecho que fusilar disidentes, como hizo la dictadura y ahora hace ETA.

Acudir a las sedes de los amenazados para compartir su suerte sería una forma de solidaridad que hasta ahora ha escaseado. Y no cabe dudar de la sinceridad con que el nacionalismo condena los atentados y reprueba el acoso que sufren socialistas y populares. Pero hay una contradicción entre esa condena ética de la persecución y el paralelo rechazo de las iniciativas legales tendentes a evitar que los perseguidores puedan seguir beneficiándose de las ventajas de la legalidad. Es farisaico decir que la ilegalización de Batasuna atenta contra el pluralismo y considerar normal que durante años los partidos no nacionalistas hayan tenido que competir en inferioridad de condiciones: bajo la amenaza de quienes consideran que eliminar concejales de la competencia es un objetivo legítimo.

El lehendakari Ibarretxe llevó la obsesión equidistante más lejos que nadie al decir que 'a este pueblo no lo van a parar ni con las bombas de ETA ni con decretos, ni con leyes ni con mentiras'. Ciertamente, sin las bombas de ETA pocos se tomarían en serio la propuesta de Estado libre asociado de Ibarretxe; pero equiparar las bombas de ETA a las leyes democráticas refleja una grave desorientación.