Policías en la frontera de la ley
El procesamiento de 15 'mossos' cuestiona algunos procedimientos policiales
La película policiaca por excelencia, Serpico, protagonizada por Al Pacino, mostraba que el agente escrupuloso con las normas constituye una honrosa excepción. Las únicas intervenciones importantes de droga realizadas por los Mossos d'Esquadra entre septiembre del año 2000 y febrero de 2001 están ahora en entredicho. Los supuestos traficantes detenidos en esos casos ya se han presentado en la causa abierta contra la policía y tienen muchas posibilidades de ser exculpados. Los quince mossos que participaron, en mayor o menor medida, en estas cuatro operaciones han sido procesados por delitos contra la salud pública, falsedad de documento oficial u omisión del deber de perseguir delitos. En una de las operaciones se acusa a algunos agentes de torturas, prevaricación, detención ilegal o amenazas.
Es conocido que la mayoría de las policías del mundo practican métodos poco ortodoxos y al límite de la legalidad para atrapar a los delincuentes. El caso de la policía autonómica catalana permite profundizar en los límites de la actuación policial. El fiscal del caso, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 2 de Figueres, mantiene que la Unidad Regional de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Girona consiguió 'brillantes resultados' poniendo en marcha un método para la aprehensión de drogas 'como práctica habitual de actuación, dados los buenos resultados producidos con el mismo con un mínimo esfuerzo'.
Dicho procedimiento se iniciaba estableciendo contacto con un par de confidentes policiales. Éstos, mediante sus contactos con el mundo del tráfico de drogas, encargaban a terceras personas diversas cantidades de estupefacientes. Los confidentes actuaban como supuestos compradores y la policía les dejaba escapar en la aparatosa redada policial con que acababa cada operación. Esa fuga preparada obligaba a los agentes a falsear atestados, en los que aparecía alguna breve alusión a un supuesto comprador que siempre conseguía huir. En un caso, los policías habían llegado a introducir pastillas en la chaqueta de un detenido para tener una prueba más consistente. El fiscal señala que la petición de comprar droga lanzada por los contactos policiales hacía surgir en los futuros vendedores de la sustancia una voluntad de comercio ilícito 'que antes no siempre tenían'. Este punto resultará crucial en el juicio.
Carles Monguilod, letrado que defiende a supuestos traficantes detenidos en varias operaciones policiales cuestionadas, mantiene que sus clientes serán absueltos si de demuestra que los mossos provocaron el delito. 'Provocar la prueba es legal, pero no el delito. Parte de las pastillas confiscadas entraron en el mercado porque la policía hizo el ofrecimiento de comprarlas', asegura Monguilod.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 1993 arroja luz sobre el particular. 'Si el agente policial o confidente se introduce en la trama delictiva cuando el delito ya se ha cometido o está en grado más o menos avanzado de comisión, no cabe exonerar de sus responsabilidades a los autores de la acción, pero si, por el contrario, el delito se produce por la influencia directa y necesaria de esos confidentes o agentes policiales, no cabe hablar de delito...'.
La relación entre policías y confidentes origina peligrosas complicidades. De hecho, la compleja investigación que ha acabado con el procesamiento de los 15 mossos se origina por una sospecha mucho más grave. ¿Es posible que dos agentes hubieran avisado a los responsables de un desembarco de droga en Cadaqués, en enero de 2001, de que la policía conocía sus intenciones y les estaría esperando? La investigación no reunió indicios suficientes para formular una acusación. En la tarificación de las llamadas de móvil de uno de los traficantes implicados en el desembarco, posteriormente detenido, se hallaron continuadas llamadas a dos agentes en días anteriores y durante la noche del supuesto desembarco en que se montó el dispositivo de captura. Esta sospecha puso en marcha la compleja investigación llevada a cabo por la división de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra, que ocupa unos 11 tomos de sumario.
Los mossos pagaron presuntamente a uno de los confidentes con 1.000 pastillas de éxtasis confiscadas. Antonio Justo [el nombre es ficticio para preservar su identidad], un comisario del Cuerpo Nacional de Policía con más de 30 años de experiencia, recuerda que no hace muchos años era frecuente que parte de la droga intervenida se quedara en la comisaría. 'Se usaba para trapicheos e intercambios con confidentes', admite.
Si bien el pago con droga ha desaparecido -existen fondos reservados para gratificar determinadas informaciones-, Justo asegura que el trato con el confidente es necesario. 'Es nuestro caballo de Troya, un privilegiado del mundo del hampa que puede ver y oír donde difícilmente llega un policía'. El comisario admite: 'Es habitual perdonar pequeños delitos para conseguir uno gordo. Un buen policía debe aprovechar ciertas debilidades y decirle a un ladronzuelo de poca monta: '¡No te comes este marrón si me das otro mejor!'.
Justo considera que, en ocasiones, la frontera de la ley es difusa y resulta muy complicado moverse en sus límites. El veterano policía asegura que las unidades especializadas en narcotráfico o crimen organizado crean grupos muy cerrados, con unos valores diferentes y unas estrechas complicidades. 'Su riesgo es mayor. Se dedican en cuerpo y alma a su labor, y si alguno de extralimita, los demás le cubren. Ellos crean su propio código de conducta y a menudo ni sus superiores conocen sus verdaderos métodos'. Lo que más sorprende a este experimentado policía del caso ocurrido en Cataluña es que 'los de asuntos internos les hayan podido grabar conversaciones comprometedoras'. Justo asegura que la primera norma de los policías que 'siguen su propia ley' es tomar las mismas precauciones que los delincuentes.
Seguridad y libertad
Amadeu Recasens, director de la Escuela de Policía de Cataluña, donde se forman los agentes de los Mossos d'Esquadra, asegura que todos ellos conocen perfectamente el límite de la ley. 'No hay zonas en sombra, la línea es clara. Cuando un agente la traspasa, sabe lo que está haciendo y sabe que se la juega', asevera. Recasens asegura que la legislación española, al igual que la alemana, regula perfectamente la labor del agente encubierto y que éste no debe provocar el delito, sino infiltrarse en una red para ver lo que está sucediendo. El director de la Escuela de Policía cree que la actual ley da suficiente margen y no hace falta incurrir en ilegalidades. Recasens, sin entrar en el caso concreto que afecta a la policía autonómica, es claro respecto a ciertos métodos policiales poco ortodoxos: 'Sé que se practican, pero no los puedo admitir, aunque sea para el buen fin de restablecer la justicia. Si les cogen, deben pagar'. En opinión de Recasens, toma fuerza desde los atentados del 11-S la idea de que para tener mayor seguridad hay que soltar lastre de libertades. 'Pero eso es claramente reaccionario y peligroso', advierte. Desde ciertos sectores de juristas especializados en cuestiones policiales se mantiene que el avance del delito forzará a dotar de más amplios métodos de actuación a la policía, que actualmente está 'atada por demasiados controles y garantías'. Esta opinión mantiene que la provocación del delito se convertirá, en el futuro, en un método aceptado para combatir el crimen organizado, a imagen y semejanza de lo que nos muestran ciertas películas norteamericanas.
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