Acusados de delito electoral 9 de los 11 ediles de Mutriku
El fiscal les reclama once fines de semana de arresto y seis meses de inhabilitación
El fiscal pide once fines de semana de arresto, una multa de seis meses a razón de 12 euros diarios y la inhabilitación especial para ejercer cargo público durante este mismo periodo para el alcalde de Mutriku, Joxe Agustin Elezgarai, de Batasuna, y para otros ocho ediles de la corporación -tres de Batasuna, cuatro del PNV y uno de Eusko Alkartasuna- a los que acusa de un delito electoral. El fiscal considera que estos nueve ediles, en una corporación que cuenta con once, adoptaron un un acuerdo municipal que excluyó a algunos vecinos de esta localidad guipuzcoana del proceso de designación de las mesas electorales en los comicios de marzo del año 2000.
El juicio contra los nueve concejales, acusados de un delito electoral previsto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se celebrará el próximo 23 de octubre en un juzgado de San Sebastián. Como testigo está citada la entonces secretaria del Ayuntamiento, cuyo informe fue desoido. Los dos ediles que no están procesados son Ibon Lekube, de Batasuna, y Nikaxi Illarramendi, del PNV.
El Ministerio Público sostiene que en el pleno municipal extraordinario celebrado el 15 de febrero de 2000 los nueve acusados decidieron por unanimidad no incluir en el sorteo público para elegir a los presidentes y vocales de las mesas electorales a las personas 'que hubieran solicitado su exclusión'.
Caso omiso
Añade que los corporativos adoptaron dicho acuerdo 'tras hacer caso omiso del informe de la secretaria municipal en el que les advertía de que la exclusión de solicitantes inscritos en el censo a efectos de nombramiento de presidentes y vocales de las mesas era contraria a la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Especial General'.
Las elecciones generales de marzo de 2000 fueron los primeros comicios en los que la izquierda abertzale, entonces todavía bajo las siglas de Euskal Herritarrok, no se presentó.
Esta decisión, sin precedentes en la historia de los independentistas, se adoptó en el momento en que ETA acababa de romper su tregua (en el mes de noviembre de 1999) y el mundo radical iniciaba su proceso de 'construcción nacional' al margen del Estado.
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