El Gobierno recurre las leyes paritarias de Baleares y Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional las leyes de paridad electoral de Castilla-La Mancha y Baleares, que imponen la igualdad matemática de hombres y mujeres en las candidaturas electorales en ambos Parlamentos autónomos desde la próxima legislatura. A juicio del Ejecutivo central, sendos artículos de dichas leyes de paridad vulneran varias disposiciones de la Constitución, las referentes a la competencia exclusiva que tiene el Estado para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley .

Los Gobiernos de Baleares y Castilla-La Mancha, presididos por los socialistas Francesc Antich y José Bono, críticaron el recurso del Consejo de Ministros. El Gobierno balear -integrado por PSOE, Els Verds e IU con el apoyo de Unió Mallorquina- replicó la decisión del Consejo con una crítica al PP balear. 'Cuando la derecha no gana en el Parlamento balear recurre a su hermano grande, el Gobierno del PP, para intentar vencer a través de recursos ante el Constitucional, como ya se intentó con la ley de la ecotasa o la de los consejos insulares', expresó el consejero portavoz, Antoni Garcias, informa Andreu Manresa.

La diputada del PP balear, María Salom, insistió en que la ley paritaria 'impide que haya más mujeres que hombres en el Parlamento' y en que pese al recurso al Constitucional 'los partidos del Gobierno de izquierdas' podrán elaborar sus listas libremente, paritarias, aún en el caso de la posible suspensión de la norma.

A su vez, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera plenamente constitucional la modificación de la Ley Electoral aprobada por las Cortes regionales hace tres meses, y cree que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra la paridad es 'una grave incoherencia', porque una cosa es hacer discursos a favor de la mujer y otra llevarlos a la practica', informa Isabel Salvador.

El consejero portavoz del Ejecutivo regional, Emiliano García Page, se mostró ayer convencido de que, a pesar del recurso, el paso dado para conseguir la paridad real en la representación política 'terminará siendo imitada en otras regiones e incluso por el Congreso de los Diputados'.

- Lucha contra la delincuencia. Se crean 45 nuevos órganos judiciales penales y 49 nuevas plazas de fiscales en las zonas de mayor índice de delincuencia, previo acuerdo con las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial; se pone en marcha la reforma del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Plan de Modernización de la Medicina Forense, que permitirá la celebración de juicios rápidos.

- Nueva estructura del Ministerio de Administraciones Públicas. Fija las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de la Administración Periférica del Estado, tras el importante grado de descentralización territorial. Entre sus funciones figuran impulsar las actuaciones de las delegaciones, subdelegaciones y direcciones insulares; la coordinación de la Administración Periférica del Estado en el territorio, así como el seguimiento y evolución de la actividad desarrollada, además de las labores de asesoramiento y tramitación de consultas.

- Nombramientos. José Manuel Gutiérrez Delgado, director general de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional; Alberto Sereno, director general del Instituto Geográfico Nacional.

- Condecoraciones. Enrique Fernández-Miranda, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; Domingo Menéndez, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.