Gutiérrez acusa a De la Torre de vulnerar la ley en la recalificación del suelo para el centro ruso

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, entiende que el Ayuntamiento de Málaga ha incurrido en un claro 'fraude de ley' al declarar de interés público y utilidad social la construcción de un complejo residencial y de ocio de capital ruso en el Monte San Antón. Explicó que esta decisión es en realidad una recalificación encubierta de un suelo no urbanizable, para la que recordó que la Junta tiene competencias exclusivas. La mayoría popular en el consistorio aprobó ayer la recalificación en una tensa sesión plenaria y el PSOE la ha recurrido.

'No vale buscar subterfugios y cometer fraude de ley, cuando en realidad hay una recalificación', aseguró la consejera, quien lamentó además que con esta decisión el equipo de Gobierno municipal ha roto la filosofía y el consenso que permitió aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

En una conferencia de prensa, Gutiérrez anunció además la disposición de la Junta a acudir a los tribunales para que éstos resuelvan el contencioso. De momento, la consejera tendrá que resolver el recurso que una vez finalizado el pleno presentó en la Consejería el grupo municipal socialista. Ya a finales de julio, la consejera resolvió paralizar la tramitación de un procedimiento similar, la declaración de utilidad pública de un complejo geriátrico con 135 viviendas en suelo rústico no urbanizable.

El concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, argumentó ayer en defensa del proyecto que se trata de un complejo que permitirá a los malagueños 'disfrutar de un completo equipamiento social' y que 'merece estar en ese sitio, porque lo mejora'. El complejo tendrá dos campos de fútbol, un polideportivo, varias pistas de tenis y de padel, un circuito de cross y un teatro, además de una iglesia ortodoxa.

El proyecto se ubicará sobre un suelo que el PGOU cataloga de rústico no urbanizable con protección paisajística junto al Monte San Antón, uno de los principales pulmones de la ciudad y en el que, según distintos informes, habita un helecho incluido en el catálogo andaluz de especies amenazadas de extinción. Caso de haberse tramitado como una recalificación de suelo, el proyecto hubiera requerido un dictamen de la Consejería de Medio Ambiente. Y, en todo caso, la consejera subrayó ayer que 'las recalificaciones no son una competencia que la Junta tenga delegada al Ayuntamiento'.

En su intervención en el pleno, el concejal de Urbanismo llegó a decir que no entendía por qué la oposición se oponía al proyecto cuando 'a sólo 10 metros se desarrolla una urbanización privada que el PSOE votó a favor, obviando que ésta se ubica en suelo que sí es urbanizable.

Los dos grupos de la oposición, IU y PSOE, cuestionaron el empecinamiento del equipo de Gobierno por ubicar el proyecto en tal paraje. La portavoz socialista, Marisa Bustinduy, dijo que 'los malagueños aún no hemos entendido los beneficios tan magníficos que suponen regalar el mejor lugar de la ciudad a unos inversores rusos, que haya unos apartamentos de lujo en un sitio preferido y mimado durante años ¿eso es utilidad pública? lo mejor es que sigamos disfrutando de él, dejarlo como está'.

El portavoz de IU, Rafael Rodríguez, acusó al PP de convertir su mayoría absoluta en 'una inmensa máquina de hacer billetes para los inversores privados sin importar que suelos tan importantes para la ciudad, que debían estar protegidos, se abran de par en par a un negocio de primera magnitud'.

Bustinduy insistió además en criticar la 'ocultación intencionada y deliberada' que ha hecho el equipo de Gobierno de informes medioambientales que cuestionaban el proyecto. Pero también sacó a la luz algunos de los informes supuestamente favorables a los que aludió el concejal de Urbanismo. Éste dijo que un estudio de dos 'prestigiosos catedráticos' habían descartado la presencia del especies protegidas en la zona, pero el informe, que Bustinduy sacó a la luz, resultó estar elaborado por un becario y un colaborador del departamento de Biología Vegetal, no contaba con sello alguno de la Universidad e incluso estaba escrito en folios blancos sin membrete.

Otro contencioso que enfrenta al Ayuntamiento y a la Consejería es el proyecto de un metro para Málaga. La Junta presentó un estudio con cuatro líneas y un coste de 530 millones de euros. El Ayuntamiento, en el período de alegaciones que terminó el 11 de septiembre, pidió seis líneas, con un presupuesto indicativo de 900 millones. La consejera no quiso ayer entrar en polémicas con el municipio pero adelantó que quiere antes de final de año firmar un convenio con el Ayuntamiento para la construcción de las dos primeras líneas -el triángulo Carretera de Cádiz-centro-Teatinos- que podrían empezar a construirse en 2004 y estar operativas 'si todo va normalmente', en 2007.