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El TSJ tumba el decreto de Modrego sobre el 'parany' por incumplir normas de conservación de la naturaleza

La Generalitat deberá derogar el decreto que desde septiembre de 2000 establecía los requisitos para practicar la caza con parany porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) considera que la norma vulnera la legislación sobre protección de la naturaleza.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ avala la tesis de los grupos ecologistas que presentaron el recurso y que defienden que 'la caza de tordo con parany es esencialmente no selectiva e incumple la normativa básica estatal de protección del medio ambiente y la legislación aprobada por los estados de la Unión Europea'. La Generalitat, la Federación de Caza y el club de cazadores Apaval defendieron ante el tribunal que el decreto gozaba del amparo de especialistas y del Consejo Jurídico Consultivo. Pero el TSJ replica que 'la Generalitat ha dictado una norma sin contar con las garantías científicas mínimas que aseguren la selectividad del método de caza con parany que recoge el decreto'.

La sala considera que la Generalitat debía acreditar que las precauciones del decreto garantizarían que aves protegidas no fueran capturadas por el parany. El TSJ ha analizado cinco informes periciales e indica que 'no se ha aportado al expediente administrativo la documentación técnica que determine cuáles son las medidas preventivas que pueden adoptarse por quienes desarrollen la actividad de caza con parany'. Y concluye que 'los datos científicos que se han desarrollado a instancia de la Generalitat no prueban que el modelo de caza con parany que establece el decreto garantice de forma veraz y contrastada en plano técnico, científico, la selectividad del método'.

La decisión del TSJ impide que la campaña de este año (del 12 de octubre al 7 de noviembre) esté amparada por la ley, a diferencia de fallos anteriores favorables a los ecologistas, que se produjeron después de acabada la época de caza y tras los que la Generalitat volvía a aprobar un nuevo decreto válido para un año. El decreto actual, de 2000, aún está en vigor y ahora ha sido declarado ilegal. La Generalitat anunció ayer que presentará recurso al Tribunal Supremo, lo que no suspende el fallo del TSJ. José Luis Ramos, abogado de los ecologistas, indicó que 'la sentencia exige responsabilidades políticas'. Por su parte, los colectivos de cazadores expresaron su rechazo al fallo y a la postura de los ecologistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de septiembre de 2002