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El barrio de Sallent que se hunde será desalojado y declarado zona verde

El consistorio y la Generalitat facilitarán vivienda a los afectados

El barrio de la Estación de Sallent (Bages), construido sobre una antigua mina de potasa y sometido a un proceso de hundimiendo del suelo que afecta a los edificios, será declarado zona no edificable (zona verde), ante la imposibilidad de determinar cuándo puede finalizar la situación de inestabilidad, y los actuales residentes serán 'invitados' a dejar sus propiedades a cambio de una indemnización. La mina de potasa se abandonó debido a la presencia de agua, que hacía imposible su explotación, hacia los años cincuenta.

Diez años después, en los sesenta, el Ayuntamiento de la época concedió el permiso de urbanización del barrio sin tener conocimiento de en qué parte del subsuelo había llevado a cabo la actividad minera. El barrio, en el que habitan unas 500 personas en 300 viviendas, tiene una superficie de 11,97 hectáreas y todavía hay en él 11.215 metros cuadrados sin edificar.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Sallent firmaron ayer un convenio por el cual el Gobierno catalán se compromete a indemnizar a los propietarios con pisos, casas o terrenos en otra zona, independientemente del riesgo de hundimiento de cada edificio. Al mismo tiempo, se ha aprobado la construcción de 136 pisos de promoción pública en el mismo municipio para poder atender una amplia petición de perjudicados por los hundimientos. La Generalitat prevé que la partida para hacer frente al proceso oscilará entre 15 y 18 millones de euros.

La Administración autonómica se ha decidido a cambiar la calificación urbanística del barrio y a indemnizar a todo aquel que desee abandonarlo tras conocer los resultados del estudio del movimiento del subsuelo realizado por el Instituto Cartográfico de Cataluña, en el que se concluye que en los próximos 30 años se continuaran produciendo subsidencias (hundimientos del terreno) de diversa magnitud.

Oferta de vivienda pública

Al no haber solución para los edificios ya construidos, la Generalitat ha decidido firmar el convenio por el que se obligará a desalojar las viviendas que se encuentren en situación de ruina y se permitirá al resto de los habitantes elegir entre continuar en el barrio o abandonarlo. Además de la indemnización, el Gobierno autónomo y el Ayuntamiento han trabajado para ampliar la oferta de viviendas de promoción pública en Sallent. Se había previsto una primera construcción de 80 pisos, que se ha elevado hasta los 136 citados. Estas viviendas se levantarán en unas antiguas instalaciones de la empresa Cubiertos y Platerías Ribera, conocida popularmente como Les Culleres.

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, aseguró: 'Se trataba de dar respuesta a más de 300 familias que no corren riesgo, pero que vivían con indefinición e incertidumbre sobre su futuro'.

De todos modos, la Generalitat considera que la responsabilidad no es sólo del Gobierno catalán -aunque piensa que debe dar una solución al problema-, sino que el origen del problema está en la actividad minera, lo que sería responsabilidad del Ministerio de Industria. En este sentido, la Generalitat ha asegurado que insistirá en la reclamación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de septiembre de 2002