Siete autonomías piden más poder del que Aznar está dispuesto a traspasar

Siete comunidades autónomas estiman insuficiente la culminación de los estatutos de autonomía, tal y como la contempla el Ministerio de Administraciones Públicas. Canarias, Aragón, Asturias, Galicia, Andalucía y, sobre todo, Cataluña y Euskadi reclaman más competencias que las que el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, está dispuesto a conceder. Las restantes 10 autonomías no plantean nuevas reivindicaciones.

Fraga también quiere forzar el techo competencial fijado por el Gobierno

En la ronda autonómica que está protagonizando desde el inicio del curso político, y que ya afecta a diez comunidades, Arenas ha fijado los límites del desarrollo estatutario que pretende cerrar en esta legislatura. A su juicio, sólo quedan por traspasar a algunas autonomías tres bloques de entidad -los medios de Administración de la Justicia, las políticas activas del Inem y el Instituto Social de la Marina-, así como otras cuestiones menores que, en algún caso, las propias comunidades han preferido aplazar [ver cuadro]. Es el caso de los profesores de religión, el personal docente de las instituciones penitenciarias, algunos centros pendientes aún del Ministerio de Defensa o la ejecución de la legislación de productos farmaceúticos.

Arenas evalúa en un 5% los traspasos pendientes y precisa que se ha producido un verdadero 'reparto territorial del poder político', del que una muestra sería que sólo el 24,5% de los funcionarios públicos pertenecen a la Administración estatal, cuando en 1996 dependían el 43,44%. Otra, que el 52,97% del gasto público es gestionado por autonomías y ayuntamientos.

Sin embargo, las cuatro comunidades autónomas reguladas por el artículo 151 de la Constitución, también llamadas de vía rápida -Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía-, plantean nuevas reclamaciones más allá de las que está dispuesto a conceder el Ministerio de Administraciones Públicas. Así, el Gobierno vasco sigue reclamando 37 competencias -el régimen económico de la Seguridad Social es la estrella-, de las que el Ejecutivo central sólo está dispuesto a admitir siete, la más importante de las cuales afecta a las políticas activas de empleo.

La Generalitat catalana reclama, a su vez, 88 competencias, de las que Administraciones Públicas sólo admite dos, tal como se constató en el encuentro mantenido en Barcelona entre el presidente Pujol y Javier Arenas el pasado 4 de septiembre. Según el ministro, la Generalitat mezcla en sus peticiones traspasos que no están reconocidos en el Estatuto y atribuciones que sólo serían posibles por la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que permite ceder competencias exclusivas del Estado a las autonomías y que el Gobierno no está dispuesto a activar.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, también se plantea una interpretación más abierta de su Estatuto que la ofrecida por el Ministerio. Manuel Fraga pretende obtener para el año 2005 tres reivindicaciones que van más allá del texto: los aeropuertos; la metereología y la inspección pesquera.

Andalucía, gobernada por Manuel Chaves, del PSOE, exige algo que Administraciones Públicas no le concede: las Confederaciones Hidrográficas del Sur y del Guadalquivir. No obstante, las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Ministerio han mejorado sensiblemente tras el acuerdo sobre financiación autonómica.

En el encuentro, celebrado el 5 de septiembre, entre Arenas y Chaves ambos acordaron abrir la negociación de la mayoría de los traspasos pendientes, empezando por las políticas activas de empleo, el próximo 1 de enero. Así se desbloquearán unas relaciones congeladas en los seis años de Gobierno del PP a causa del contencioso sobre la financiación de la autonomía. Esta situación ha impedido el desarrollo estatutario de Andalucía, que se convierte en la comunidad con más competencias reconocidas y pendientes de traspaso.

Canarias, gobernada por Coalición Canaria y asimilada a las autonomías del artículo 151, también plantea reclamaciones que desbordan las previsiones de Administraciones Públicas, especialmente las de transporte aéreo y de aguas interiores.

De las comunidades reguladas por el artículo 143 de la Constitución o de vía lenta, hay dos que reclaman competencias que superan las ofrecidas por el Gobierno central: Aragón y Asturias, las dos gobernadas por el PSOE, aunque en el Ejecutivo de la primera de ellas participa el Partido Aragonés Regionalista.

El presidente de la comunidad aragonesa, Marcelino Iglesias, planteó al ministro de Administraciones Públicas tres nuevas reclamaciones que éste rechazó: una unidad de la Policía Nacional asimilada a la comunidad; la gestión del Parque Nacional de Ordesa y el desarrollo del artículo 48 del Estatuto, que abre la puerta a la negociación bilateral de la financiación. La Junta del Principado de Asturias reclama la gestión de los ferrocarriles de vía estrecha y de las vías fluviales.

Siete de las diez comunidades restantes están gobernadas por el PP -Cantabria, Madrid, La Rioja, Murcia, Valencia, Castilla y León, Navarra- y otras tres por el PSOE -Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares-. Aunque mantienen contenciosos con la Administración central, como Baleares con el gaseoducto, asimilan, en estos momentos, el reciente traspaso de la sanidad.

Pese a estas tensiones, la cuestión territorial, con la excepción vasca, ha perdido conflictividad debido al acuerdo sobre financiación autonómica y sanitaria cerrado el año pasado. De ahí que Administraciones Públicas sostenga que el modelo autonómico 'tiende a la estabilidad' y que 'se abre la etapa de la cooperación'.