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Columna
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Muertos

La muerte, hace unos días, de un trabajador en el Campo de Gibraltar, como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió cuando se encontraba soldando, y la muerte, en el día de ayer, de otro trabajador, que cayó al vacío desde la cubierta de un edificio militar en Cádiz, son dos de las cuatro/cinco que, a diario, sufren los trabajadores por cuenta ajena en España. Una siniestralidad laboral que se ha incrementado en los últimos años, a pesar de la legislación dada en materia de prevención. Pues bien, resulta que José María Aznar responsabiliza a las comunidades autonómicas. Al menos ésta fue su respuesta en el Parlamento, a preguntas de la oposición. Una respuesta que no se entiende demasiado, salvo que se encontrara todavía bajo los efectos -él sabrá cuáles- que debieron producirle el que se casara su hija en El Escorial.

Salvo que fuera por esta razón, no se entiende. El control de la política de prevención depende directamente del Gobierno. Responsabilizar, con esta alegría, a los gobiernos de las CC AA, en aquellos casos en los que las muertes pueden deberse a la falta de adopción de mecanismos de prevención, cuyo control le corresponde a la Dirección General de Trabajo, es una frivolidad. Mayor aún cuando la división de competencias en matera de infracciones laborales entre órganos administrativos centrales y autonómicos introduce una confusión que viene a favorecer la impunidad de los infractores.

De esta impunidad y falta de sensibilidad es fiel reflejo el fiscal general de Estado en su Memoria, ya que, a pesar de que los trabajadores se matan a cinco por semana, no resalta ningún dato por delitos contra la seguridad en el trabajo. Una ausencia de responsabilidad que también alcanza a Andalucía pues, pese a la sensibilidad que sí ha mostrado la Fiscalía andaluza en su Memoria, de las más de 600 diligencias incoadas por lesiones y muertes laborales, únicamente se ha abierto juicio por delito en tres ocasiones.

Claro que, tal vez, los trabajadores y, permítaseme, los inmigrantes, sólo importen para rellenar las estadísticas de ocupación del Inem y de la delincuencia, de los de su España va bien. Los demás son muertos, y lo mejor que pueden hacer es desaparecer, y olvidarnos de quienes tienen la obligación de evitar que muchas muertes queden impunes.

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