El mercado eléctrico ibérico sigue parado a tres meses de entrar en vigor

El Mercado Ibérico de la Electricidad, pactado por los Gobiernos español y portugués en noviembre de 2001, sólo existe, de forma incompleta, sobre el papel. Según el protocolo firmado por los ministros de Economía de ambos países hace casi un año, el nuevo mercado debería funcionar el 1 de enero de 2003. No podrá ser. Pese a que oficialmente ambos Gobiernos mantienen vivo el plan, el Ejecutivo portugués ha reconocido que los plazos no se van a cumplir. La cuestión energética será uno de los temas estrella de la cumbre hispano-lusa de octubre.

El protocolo para constituir un único mercado eléctrico fue impulsado enérgicamente por el Gobierno español (pese a las reticencias de las empresas eléctricas españolas) como un medio de presionar en el seno de la UE para mejorar las interconexiones eléctricas con Francia y dotar de masa crítica a la isla energética que todavía es la península Ibérica.

El plan, apresuradamente diseñado en los meses previos a la cumbre de Barcelona y al semestre de presidencia española de la UE, preveía que 'el día 1 de enero de 2003 entrará en funcionamiento el Mercado Ibérico de Electricidad, garantizando a todos los agentes establecidos en ambos países el acceso al Operador del Mercado Ibérico y a las interconexiones con terceros países, en condiciones de igualdad y libertad de contratación bilateral'. Tres eran los pilares fundamentales del proyecto: el aumento de las interconexiones eléctricas transfronterizas, la creación de un Operador del Mercado Ibérico Único y la coordinación de las compañías que se encargan de la red de transporte (REE en España y REN en Portugal).

Asimetría de mercados

Desde la firma del plan, apenas se ha avanzado. La asimetría de los mercados, tanto en nivel de apertura como en número y tamaño de productores y en tarifas, ha limitado el desarrollo del plan. Fuentes de la compañía Operadora del Mercado Eléctrico español (Omel) admiten que el desarrollo del protocolo con las autoridades portuguesas se ha limitado a un intercambio de documentos antes del verano y un par de reuniones a nivel de Secretaría de Estado. De la constitución de una sociedad conjunta para operar el sistema liberalizado, nada más se ha sabido.

En Portugal, además, el cambio de Gobierno tras las elecciones de marzo, que dieron la victoria a la derecha del SPD, ha supuesto un frenazo al proyecto. En julio, el nuevo ministro de Economía luso, Carlos Tavares, ya expresó sus dudas sobre la puesta en marcha del nuevo mercado.

Tavares atribuyó las dificultades a cuestiones técnicas, pero en fuentes de la Administración española ganó peso la idea de que las diferencias son de más calado y que el nuevo Gobierno luso, que encabeza José Manuel Durão Barroso, no es muy partidario de unir dos mercados con legislaciones dispares (en Portugal, el mercado liberalizado apenas es del 4%; existe un operador, EDP, controlado en un 30% por el Estado, y un sistema tarifario parecido al Marco Estable, desaparecido en España) sin tentarse mucho la ropa.

El Ministerio de Economía español que dirige Rodrigo Rato admite que puede haber retraso en el plan, aunque oficialmente sostiene que, 'por las noticias' de que dispone, 'el nuevo Gobierno portugués desea seguir adelante' y está estudiando 'la manera más eficiente y realista' de llevarlo a cabo 'desde el punto de vista técnico y operativo'. Más aún, según las autoridades españolas, el plan para incrementar las interconexiones eléctricas desde los 700 megavatios actuales hasta los 1.700 megavatios en 2006 'está yendo adelante'. Las cuestiones energéticas serán ampliamente debatidas en la próxima cumbre hispano-lusa que se desarrollará en Valencia en octubre.

A tres meses de que en España se abra, teóricamente, el 100% del mercado eléctrico a todos los usuarios, que tendrán posibilidad de elegir suministrador, ambas administraciones repasarán la situación de sus respectivos mercados energéticos.

Detrás, estarán las estrategias de las empresas españolas y lusas. La potuguesa EDP controla en España un 40% de Hidrocantábrico y en torno al 3% de Iberdrola. Ésta, a su vez, controla un 5% de la portuguesa. Las posiciones accionariales de ambas dan lugar, periódicamente, a especulaciones sobre operaciones empresariales de calado que contarían con el supuesto apoyo de los respectivos Gobiernos.