El PP y el PSOE acusan a los nacionalistas de poner obstáculos al Estado de derecho

El Gobierno central y el PSOE criticaron ayer con dureza la decisión del Ejecutivo vasco de querellarse contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación en relación con sus actuaciones en la suspensión de Batasuna, así como la resolución de la Mesa de la Cámara de Vitoria que incumple la orden del magistrado de disolver el grupo parlamentario. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, afirmó que la querella anunciada tiene 'un trasfondo claramente político' y que se presenta para ver 'si pueden pescar algo en río revuelto'.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, opina que el anuncio del Gabinete vasco demuestra 'lo de siempre', que no quiere 'hacer nada para plantar cara' al partido suspendido. El de Justicia, José María Michavila, expresó su 'sorpresa' por que 'haya un Gobierno que se querella contra jueces y no contra el terrorismo', y acusó tanto al Ejecutivo de Vitoria como al Parlamento de 'poner obstáculos al Estado de Derecho'.

Javier Arenas, ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, añadió que si el Ejecutivo de Ibarretxe no está de acuerdo con una decisión judicial debería recurrirla en vez de tomar la 'insólita' decisión de querellarse contra el magistrado. Sobre la decisión de la Mesa del Parlamento, que calificó de 'profundo error' por 'enmendar la plana' al juez, Arenas apuntó que la fiscalía y el propio Gobierno analizarán la resolución.

'Contra la legalidad'

También el secretario general del PSE, Patxi López, anunció alguna acción contra la decisión de la Mesa 'en contra de la legalidad', que recurrirán, si bien no avanzó ante qué instancia. López considera una 'absoluta irresponsabilidad' la querella, que se debe interponer 'contra los asesinos y no contra los jueces que quieren combatirlos'. Y el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, criticó la querella por 'contraproducente' y agregó que la resolución de la Mesa abre un 'conflicto institucional grave'.

En cambio, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dijo que aunque 'comprende' que el Gobierno vasco se querelle contra el magistrado de la Audiencia Nacional (su federación en Euskadi forma parte del Ejecutivo y también apoyó la resolución de la Mesa del Parlamento), esta formación hubiese preferido que se plantease un conflicto jurisdiccional. Y en cuanto a Batasuna, considera que la querella es sólo un 'ejercicio de limpieza de imagen' del Ejecutivo vasco, que 'no demuestra un cambio de actitud'.