El 93% de los clientes de Opening podrá dejar de pagar sus créditos

El Gobierno vasco calcula que el 93% de los clientes afectados por el cierre de las academias de Opening English podrá suspender el pago de sus créditos a las entidades financieras concertadas. El director de Consumo, Rodrigo García Azurmendi, compareció ayer en el Parlamento a petición del PSE-EE y apostó porque los alumnos interpongan una demanda civil colectiva contra la empresa.

La cifra del 93% se corresponde con el número de usuarios que pagan los cursos a través de alguna de las cuatro entidades financieras convenidas con la academia (BSCH, Financia, Eurocrédito y Banco Pastor). Según García Azurmendi, esos alumnos pueden dejar de pagar los créditos suscritos amparados en el argumento de la 'ineficacia' del contrato por culpa del 'incumplimiento del proveedor', es decir, Opening.

La empresa de enseñanza de inglés, que camina hacia la quiebra, cuenta con 6.603 alumnos en el País Vasco. Hasta ahora, 1.950 han presentado reclamaciones en las oficinas territoriales de consumo y en las asociaciones de consumidores porque siguen pagando un servicio que no reciben. El director de Consumo entiende que ésta es una situación de 'mala gestión empresarial' y de 'estafa', porque 'no se han atendido los compromisos adquiridos con los clientes'.

El próximo 23 de septiembre, el Gobierno realizará una nueva inspección para comprobar si las academias de Opening siguen cerradas. De momento, de las diez academias del País Vasco sólo la de Vitoria y una de las cuatro de Bilbao continúan abiertas, al ser centros franquiciados. Es complicado que los ocho centros propios de Opening abran de nuevo porque la empresa ha recibido una respuesta negativa de los bancos a los que ha pedido ayuda para seguir a flote. Para el caso de que abran, el director de Consumo recordó ayer que la compañía se comprometió a activar un plan de viabilidad, ofreciendo a los clientes tres meses gratuitos para resarcirles por los problemas causados.

El Gobierno vasco inició el pasado 20 de agosto diligencias para abrir un expediente sancionador a Opening. La Generalitat de Cataluña lo abrió el 2 de septiembre, tras un acuerdo entre las comunidades autónomas, puesto que la empresa tiene su sede en Barcelona. Las quejas de los alumnos se han canalizado a través de las asociaciones de consumidores.

El PP critica a Consumo

Tras la comparecencia de García Azurmendi, el PP calificó de 'irresponsable' la actuación del Gobierno vasco, al que acusó de 'querer minimizar el problema' y de no poner en marcha 'los controles preventivos necesarios'.

El PP impulsará una iniciativa para que el Ejecutivo 'regule el sector de las academias, que sufre un vacío que permite este tipo de prácticas fraudulentas'.