El presidente del Supremo ve grave peligro en la regularización extraordinaria de extranjeros

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, manifestó en la ceremonia de apertura del Año Judicial que considera 'gravemente peligroso' que la sociedad se acostumbre a que los inmigrantes exijan su regularización 'al margen de los cauces del Derecho'. En un discurso sobre la inmigración, de tintes fuertemente conservadores, Hernando se quejó de que 'aquellos que infringen la ley', en alusión a los inmigrantes indocumentados, puedan obtener la solución a sus problemas a través de la presión social. El presidente del Supremo también propuso la reinstauración de las tasas judiciales.

En su primera intervención en el solemne acto de apertura de los Tribunales ante el Rey, el ministro de Justicia y los integrantes de las cúpulas judicial y fiscal, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sorprendió con un larguísimo discurso centrado en el problema de la inmigración, en el que se extendió casi 50 minutos pese a leerlo a toda velocidad.

Hernando apeló a una 'ética de la responsabilidad' para 'no sucumbir a la tentación' de sostener 'discursos genéricos' en torno a 'ideas vagas' como 'la solidaridad mundial o la fraternidad entre todos los seres humanos, que puedan luego ser tomadas como soporte para una actitud de absoluta liberalidad, de desregulación con respecto al fenómeno de la inmigración o de puro providencialismo'.

El presidente del Supremo indicó que deben analizarse las medidas que puede llegar a exigir la 'absoluta permisividad con el fenómeno' de la inmigración, 'el coste' de tales medidas y, sobre todo, debe hacerse una 'evaluación prospectiva' de sus consecuencias sobre 'la economía, el orden público, sobre el nivel y la calidad de los servicios públicos, sobre la moralidad pública o sobre los derechos fundamentales'.

Según Hernando, tampoco puede hacerse caso omiso 'de que los recursos económicos son por definición escasos'; que el equilibrio económico de los llamados países desarrollados es, 'aunque a veces no lo parezca, de una precaria condición', y que la situación de bonanza de las naciones económicamente más beneficiadas 'es en buena medida un patrimonio acuñado por el esfuerzo de generaciones pasadas que no debe ser malbaratado'.

El presidente reclamó una planificación y ordenación de la inmigración a través de los contingentes de trabajadores como 'cauce idóneo' para canalizar una inmigración legal', que venga provista de un contrato de trabajo y con toda su documentación en regla'.

'Me resulta sumamente llamativo como jurista, y sobre todo como juez, que con periódica frecuencia aquellos que se hallan en dicha situación de ilegalidad demanden -cuando no exijan- de los poderes públicos su regularización al margen de los cauces del Derecho', agregó.

'La Ley ha de ser igual para todos', remachó el presidente, 'lo que vale tanto como decir que debe ser también igualmente imperativa', mientras que 'la presión, la autotutela o las vías de hecho' son 'germen de conflictos y controversias'.

En otro momento de su intervención, Hernando sugirió la aprobación de un escalón adicional de 'justicia territorial de proximidad', que tendría por competencia el conocimiento de los asuntos de menor trascendencia civil, penal e incluso administrativa.

También pidió reflexionar sobre la posibilidad de introducir la figura de las tasas judiciales, como medio para potenciar la financiación de la Justicia. 'Aplicando el principio tributario de la provocación de costes, no atisbo razón alguna por la cual la justicia deba ser sufragada por la sociedad en su conjunto, con la clara excepción, eso sí, de los casos de insuficiencia de recursos para litigar, que sin duda tiene que estar amparados por un sistema de justicia gratuita'. Las tasas judiciales quedaron suprimidas en España por la Ley de Supresión de Tasas Judiciales de 24 de diciembre de 1986.

Euros inmovilizados

Además de las tasas, Hernando dejó caer que, 'según distintas informaciones', una cantidad próxima a los 10.000 millones de euros 'sólo de procedencia fiscal' se encuentra inmovilizada a causa de los distintos recursos jurisdiccionales contra sus liquidaciones, y consecuentemente, 'sustraída a la disponibilidad de las administraciones públicas'.

A esa suma deben añadirse, según Hernando, 'el ingente montante de los derechos litigiosos de contenido económico que, al verse lastrados por procedimientos judiciales, quedan excluidos en la generalidad de los casos del tráfico económico'.

Según el presidente del Supremo, un esfuerzo económico que fuera 'adecuadamente canalizado' en la mejora del funcionamiento de la Justicia produciría sobre la economía, y sobre la masa monetaria inmovilizada, 'unos efectos dinamizadores de inimaginables, por beneficiosas, consecuencias'.

En su opinión, la modernización de la justicia ha permitido que el número global de asuntos que se resuelven supere al de los que ingresan y destacó que 'por primera vez todas las plazas de jueces se hallan al completo'.