'Hay empresas retrasando inversiones por la incertidumbre política'

José Manuel Farto (Bilbao, 1958) es, desde junio del año pasado, el secretario general de Empresarios Alaveses / SEA, la más pequeña de las patronales vascas. A su juicio, la máxima preocupación del empresariado vasco, añadida a la general de la incógnita sobre la reactivación económica, es la nueva incertidumbre sobre el futuro del marco institucional, que llama a despejar con rapidez.

Pregunta. ¿De qué hablan los empresarios ahora mismo?

Respuesta. La palabra es incertidumbre. En lo económico, como en todas partes, y aquí, además, en lo político. Todo el mundo quiere saber cuàndo se va a producir la reactivación y, en lo segundo, cuándo vamos a estar a gusto definitivamente con el marco institucional. Su cuestionamiento genera una incertidumbre tremenda, y en economía el coste de la incertidumbre es altísimo y directamente proporcional altiempo que dura. Si además eso ocurre en tiempo de incertidumbre económica, la situación es más grave.

'ELA actúa como interlocutor político. Debería presentarse a las elecciones'

'El mundo económico le pide al político que haga su trabajo y que el tiempo es oro'

P. ¿Está habiendo ya consecuencias económicas?

R. No puedo decir que haya una relación causa efecto, pero sí hay flashes, casos. Sabemos de empresas que están retrasando decisiones de inversión para ver si se despeja esa incertidumbre. Conscientes de que tienen que hacerlas, pero que prefieren esperar.

P. ¿Les influye más en este momento esa incertidumbre política o la persistencia de la amenaza de ETA?

R. Los impactos de la actividad de ETA están suficientemente estudiados. Yo me refiero a una incertidumbre nueva, que nace con el cuestionamiento, hecho desde las instituciones, desde hace uno o dos años, de la legalidad vigente y del marco jurídico político vasco con respecto a los planteamientos del Estado. Y yo no niego el derecho a cuestionar esos marcos. Pero digo: esto tiene un coste y es mayor cuanto más tiempo se tenga al marco cuestionado y sin resolver. Cuando más tiempo dure, si no se zanja en una fecha dada, rápido, y con un pacto suficientemente estable, los problemas serán muy serios.

P. ¿Está pidiendo un plazo a la administración?

R. Pido que cada uno haga su trabajo. Al mundo económico se le pide creación de empleo, competitividad.... El mundo económico al político le pide que tenga un escenario institucional que permita la convivencia de la gente y el desarrollo económico, que se pongan de acuerdo, que hagan su trabajo, que pacten, y que el tiempo es oro. Si por esa incertidumbre se demoran inversiones en dos o tres años y la economía empieza a reactivarse en 2003, cogiéndonos con los deberes sin hacer en lo económico, nuestra competitividad se resentirá, no estaremos bien colocados. Todo esto se les ha transmitido hace meses convenientemente a las dos administraciones,

P. La asunción unilateral de competencias no transferidas., ¿tiene riesgos también en lo económico?

R. Tiene un riesgo grave. Hasta el presente el marco el marco institucional vasco se basa en un pacto. La unilateralidad, por cualquiera de las partes, quiebra todo un proceso histórico. Si no sólo rompemos el marco sino la forma histórica, el procedimiento por el que se ha venido estableciendo, es decir el pacto, la situación es más grave. Eso significa más tiempo para resolver el problema y más tiempo quiere decir más coste, social y económico. Hay que tener claras dos cosas: qué marco quieres, si éste no te gusta, y el método que vas a seguir para lograrlo. El planteamiento unilateral es muy arriesgado. Porque lo más importante no es el final del proceso, sino el proceso mismo. Es ahí donde se puede erosionar el sistema económico hasta límites difícilmente evaluables, porque los efectos en economía tardan en verse. Que sea lo que Dios quiera, lo que la sociedad quiera, lo que los políticos decidan, pero que sea rápido.

P. ¿Qué es lo posible en materias que les afectan, como la Seguridad Social?

R. Hasta donde nosotros llegamos, es imposible asumir ninguna competencia que no tenga una base jurídica legal. Además, en ese caso hablamos de un elemento estratégico, con directrices internacionales y grandes preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema. Sobre el papel se puede hacer todo, pero la masa crítica es fundamental para la sostenibilidad de un sistema de seguridad social y pensiones. A más cotizantes, más sostenibilidad. Otra cosa es que haya participación de todos los colectivos y territorios para defender sus intereses lo mejor posible, pero por definición una seguridad social más pequeña es menos sostenible.

P. ¿Cree que desde el punto de vista económico una Euskadi independiente es viable, como se sostiene en el mundo nacionalista?

R. Hay una manipulación del término viable. Por ejemplo, el tren de alta velocidad, que exige una inversión de entre 3.800 y 4.800 millones, supondría, con sólo nuestros recursos, toda la inversión en infraestructuras del Gobierno vasco, incluidos planes especiales, durante 10, 12 años o más años. La palabra viabilidad, como soberanismo, lo aguanta todo. Hay que profundizar más y decir qué se quiere y cómo se hace.

P. ¿Le preocupa tener a ELA, principal sindicato vasco y poderosa organización de casi 100.000 personas, en la apuesta soberanista rupturista?

R. Con ELA el problema es de interlocución y de diálogo de sordos. Me preocupa no saber si es o no mi interlocutor, ni para qué. Si sus objetivos y opciones son principalmente políticas, el mundo empresarial no puede decir nada al respecto, No tiene ni herramientas para ello ni interés. No digo nada sobre su legitimidad para hacer lo que hace, pero estoy desconcertado. Lo estamos. Creíamos que teníamos un interlocutor sindical y tenemos un interlocutor político. Yo a ELA le diría que se presente a las elecciones.

P. ¿Eso se advierte en la relación institucional con ustedes y en las empresas?

R. Absolutamente. Todos sus objetivos sindicales están instrumentalizados hacia unos determinados objetivos políticos. Nos lo dicen: que su objetivo principal es cambiar el modelo, el institucional e incluso el económico. Y condicionan su labor sindical a eso, lo mismo en la negociación de un convenio, que en sus posturas en Hobetuz, o en otros órganos donde nos encontramos. No tenemos nada que decir al respecto, pero si vas a negociar un convenio vas a eso, no a cambiar el modelo de sociedad. Pero que tengan la valentía de presentarse a las elecciones y compitan con el resto de los partidos. Si no les gusta lo que hacen el PNV y PP, etc, que se presenten. Hace mucho tiempo que al secretario general de ELA no le oigo un posicionamiento de relaciones laborales salvo que sea de confrontación pura y dura. Hasta eso se podría aceptar, y lo llamaríamos radicalización de una organización sindical. Pero lo otro no.