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Medio Ambiente detecta construcciones ilegales en suelos forestales e inundables

Un establo ocupa un cauce en Vélez y 14 casas, una zona de bosque de Estepona

Un fuego ocurrido en Estepona la última semana de agosto obligó a desalojar una veintena de viviendas. La Delegación de Medio Ambiente constató que al menos 14 de esas construcciones ocupaban terrenos forestales. En Vélez, un establo que ocupaba un cauce bajo un puente también fue detectado tras un incendio. Medio Ambiente ha requerido al Ayuntamiento de Estepona y a la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) que actúen ante las irregularidades.

La policía presentó en Vélez el 24 de agosto una denuncia contra Manuel F. A. y Antonio G. M. por presunta ocupación del dominio público. Según el delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, tenían ganado en unas instalaciones construidas en una zona inundable del río y podía actuar como presa de contención. Los animales que había en su interior -cuyo número no fue precisado por la Junta- murieron en el incendio. A finales de esta semana, en el establo había encerrados cuatro avestruces.

En la CHS no había constancia aún de la petición de la Junta ni tampoco de las supuestas irregularidades. 'Cuando se reciba la notificación, se abrirá el correspondiente expediente informativo y se actuará en consecuencia', dijo un portavoz de la CHS, quien insistió en que la labor inspectora de este organismo no es fácil ya que se ejerce sobre '8.000 kilómetros' de cauces fluviales.

En Estepona, Medio Ambiente detectó construcciones ilegales tras un fuego en terrenos forestales y ha solicitado al Ayuntamiento que le envíe un informe sobre las licencias y la catalogación del suelo. El Ayuntamiento tampoco ha recibido aún el escrito de la Junta.

Esa zona tiene catalogación de suelo no urbanizable común y sólo permite la construcción de viviendas de hasta 150 metros cuadrados si la parcela es de 10.000 metros. Sin embargo, algunas de las viviendas de la zona tienen hasta 800 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo de Estepona, Ignacio Mena, informó de que solicitará un informe técnico. 'El Ayuntamiento no es el infractor. A la labor inspectora municipal se le pueden escapar casos concretos, pero si a raíz del informe de la Junta confirmamos que hay algo ilegal, adoptaremos las medidas correspondientes'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de septiembre de 2002