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COLUMNA

Acuerdo de mínimos

'Sobre inmigración se puede y se debe debatir políticamente, pero no en caliente y con la finalidad de obtener el máximo rendimiento electoral posible'

Si hay un asunto que se singulariza por ser al mismo tiempo extraordinariamente complejo y políticamente muy sensible, es la inmigración. Posiblemente no hay ningún otro, ni siquiera el terrorismo, que pueda equiparársele. En tales asuntos, la evidencia empírica disponible enseña que, una vez abordado demagógicamente de manera populista, el incendio que se provoca acaba teniendo efectos devastadores sobre la convivencia en general y sobre la expresión política de la misma en particular.

Es lo que está ocurriendo con la inmigración. La inmigración es en este momento en los países de Europa occidental el único asunto que tiene por sí solo una traducción inmediata y directa en el ejercicio del derecho de sufragio. Y que tiene dicha traducción de una manera enormemente perturbadora en el sistema político. Lo hemos visto de manera reiterada en estos últimos años. Primero en Austria con el imparable ascenso de Georg Haider. Después en Holanda con el éxito del partido de Fortuyn, incluso después de su asesinato. Y hoy domingo, cuando se cierren las urnas esta tarde, es más que probable que 'un pequeño partido trastoque el mapa electoral sueco con un polémico plan sobre la inmigración', como rezaba el titular de la crónica de EL PAIS de ayer sobre las elecciones generales en Suecia. Países pequeños y prósperos, de una estabilidad política acrisolada, con un nivel cultural altísimo y una educación cívica notable han visto como se veían alterados de manera más que notable sus sistemas de partidos y se producían cambios que parecían inimaginables hace nada en sus fórmulas de gobierno.

En España no hemos llegado todavía a una situación similar. Ha habido incendios localizados, aunque alguno fuera tan extraordinariamente grave como el del El Ejido, pero la inmigración no ha marcado todavía de manera determinante el discurso político y la oferta electoral a los ciudadanos. Aunque se han deslizado ocasionalmente insinuaciones poco afortunadas sobre la conexión entre inmigración y aumento de la delincuencia, ningún partido ha convertido hasta la fecha la inmigración en bandera electoral. Incluso se podría decir que los dirigentes políticos españoles de todos los partidos han sido bastante prudentes en el uso del lenguaje a la hora de referirse al fenómeno inmigratorio. La primera salida de tono de una dirigente política relevante en esta materia ha sido la de la presidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, esta misma semana en el acto de celebración de la Diada de Mallorca, en el que se expresó en unos términos absolutamente inaceptables. Esperemos que, como dice el refrán, una golondrina no haga verano.

Pero el que el discurso político y la oferta electoral no se hayan visto afectados de manera determinante hasta el momento por el fenómeno inmigratorio, no quiere decir que no sea un asunto del que debamos preocuparnos. El riesgo de que se vean afectados es alto y, una vez que esto ocurre, las consecuencias suelen ser nefastas a la par que inevitables.

De ahí que sea más que oportuna la proposición que hizo ayer el presidente de la Junta de Andalucía al Gobierno de la nación de llegar a un 'acuerdo de mínimos para 'sacar' la inmigración del debate electoral'. La simplificación que inevitablemente se produce en el mensaje electoral actúa de una manera completamente antipedagógica en un asunto de esta naturaleza. Sobre inmigración se puede y se debe debatir políticamente, pero no se puede debatir en caliente y con la finalidad de obtener el máximo rendimiento electoral posible.

Es posible que, aunque se llegue a un acuerdo de mínimos, tal acuerdo no funcione y que acabe siendo imposible sacar el tema de la inmigración del debate electoral con las consecuencias que hemos visto en otros países europeos. Pero lo que es seguro es que, si no se alcanza ese acuerdo de mínimos y si los dos grandes partidos estatales se deciden a utilizar la inmigración como arma arrojadiza electoral, el fenómeno de la inmigración se va a convertir en una problema que difícilmente vamos a poder manejar.

La propuesta del presidente Chaves es oportuna, además, por el momento en que ha sido formulada. En menos de dos años vamos a tener elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas y en todas ellas puede irrumpir la inmigración en el enfrentamiento entre los partidos. No hay ningún nivel de gobierno que no se vea afectado por el fenómeno inmigratorio, independientemente de cuál sea la distribución de competencias en relación con esta materia establecida en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Régimen Local. La preocupación de los ciudadanos en este terreno no entiende de distribución de competencias, como muy bien viene repitiendo el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. La chispa puede saltar en cualquier consulta electoral y el incendio puede extenderse después por el conjunto del sistema. El riesgo de que salte en el curso político que estamos iniciando es muy alto.

Esperemos que la propuesta no caiga en saco roto y que sea posible alcanzar ese acuerdo de mínimos, aunque es probable que en este asunto interfiera de manera perturbadora la carrera por la sucesión de José María Aznar en el interior del PP. Si Jaime Mayor Oreja acaba perfilándose como uno de los probables candidatos a la presidencia del Gobierno, es prácticamente seguro que hará todo lo que pueda para que tal acuerdo no se alcance. Ya veremos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de septiembre de 2002