El TSJA archiva el 'caso Isla Chica' al no hallar indicios delictivos en la actuación municipal
El auto advierte de que el Ayuntamiento de Huelva fue 'poco cuidadoso' con la legalidad
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió ayer archivar el caso Isla Chica al no apreciar indicios delictivos en la actuación del alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, ni de otros responsables municipales, con la venta de terrenos públicos del antiguo Estadio Colombino para recaudar 2.700 millones de pesetas (16, 23 millones de euros) que fueron destinados al Recreativo de Huelva con el fin de evitar su descenso a Tercera División por sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El auto, no obstante, afirma que hubo una 'actuación municipal arriesgada'.
El escrito de la Sala de lo Penal del TSJA, firmado por el magistrado Miguel Pasquau Liaño, hace hincapié en que hubo un comportamiento 'poco cuidadoso con los límites impuestos por la legalidad administrativa' por parte de los responsables del Ayuntamiento y llama también la atención sobre aspectos 'dudosos' de las operaciones inmobiliarias, pero considera que no se dio ninguno de los delitos por los que fue imputado Pedro Rodríguez: infracción penal, prevaricación, fraude en la contratación pública, malversación y contra la ordenación del territorio.
El caso Isla Chica se desató a finales de 1998 cuando el Recreativo de Huelva, entonces una sociedad privada no mercantil, con el equipo en Segunda División A, se vio en 'una situación comprometida', según el auto, a causa de la deuda de 1.300 millones de pesetas (7,8 millones de euros) que mantenía con Hacienda y la Seguridad Social y la necesidad de obtener otros 2.700 millones para convertirse en sociedad anónima deportiva.
Para sacar al club del descenso a Tercera División, el Ayuntamiento ideó una serie de operaciones inmobiliarias que incluían la venta de los terrenos del Estadio Colombino, de titularidad pública, a sociedades privadas. El dinero resultante de la operación, más de 16 millones de euros, fue a parar al club de fútbol para su saneamiento. Una empresa privada, Odeinsa, fue la adjudicataria de la operación y, según el auto de archivo, obtuvo 'un muy considerable beneficio'.
En el caso resultó inculpado Pedro Rodríguez, quien, durante todo el periodo de declaraciones, mantuvo que su única intención fue evitar el descenso del Recreativo y su posible desaparición. El auto, muy crítico con el proceder municipal, señala que hubo 'un forzamiento de los trámites ordinarios para poder obtener en muy poco tiempo' una finalidad a la que debía haberse llegado de forma regular, pero descarta que hubiera prevaricación 'porque no puede apreciarse un menosprecio del equipo municipal' por la legalidad.
Tampoco considera que existiese infracción penal al no existir un objetivo contrario al ordenamiento jurídico. Respecto al delito de malversación, el auto indica que 'ni ha existido sustracción con ánimo de lucro, ni destino a usos ajenos a la función pública, ni aplicación privada con ánimo de lucro'. Del mismo modo considera que no existió fraude en la contratación pública ya que, 'por más que pueda afirmarse que hubo un 'concierto' entre miembros del equipo de gobierno y una entidad privada [Odeinsa], (...) ese 'concierto' no tenía como finalidad defraudar al ente público'. Finalmente, el magistrado considera que no se produjo ningún delito contra la ordenación del territorio ya que 'no ha existido concesión de licencias ni informes favorables para proyecto de edificación alguno ni se ha llevado a cabo ninguna construcción o edificación' en los terrenos del estadio.
El auto, subraya, eso sí, que hubo 'una actuación municipal arriesgada'. No obstante, agrega, 'ni siquiera el electoralismo podría comportar sanción penal a menos que esa ilegalidad fuese abrumadora, consciente y deliberadamente injusta'.
Pedro Rodríguez dijo ayer que con la resolución del TSJA 'ha ganado Huelva', informa Luis E. Siles. 'Un día afirmé que tenía ganas de ir al TSJA para explicar que la operación había sido limpia y honesta, realizada con un solo objetivo, salvar al Recreativo de la desaparición. La justicia me ha dado la razón'. 'Con esa operación sólo había un beneficiado, que era Huelva', añadió. 'Por eso me dolía tanto que se hubieran querellado por algo que se hizo para salvar al equipo'. El PSOE se limitó a afirmar que seguirá luchando para que la zona sea un parque.
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