El fiscal pide nueve años para dos miembros del Gobierno ceutí por desórdenes públicos
La Fiscalía de Ceuta ha solicitado una pena de nueve años de prisión, 14 de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de 19.833 euros para dos miembros del actual Gobierno de la ciudad autónoma, los consejeros de Bienestar Social, Mohamed Chaib, y de Obras Públicas, Mustafá Mizzian, por su presunta participación en unos violentos disturbios ocurridos en el interior del palacio municipal el 13 de octubre de 1999 y que saldaron con 17 heridos. El fiscal les imputa los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños y doce faltas por lesiones, una por cada agente de la Policía Local que resultó herido en la algarada.
En aquel momento, Ceuta estaba gobernada por el GIL y los dos acusados ya eran diputados de la Asamblea, aunque en la oposición. La petición del fiscal, que se dictó en octubre de 2001, se ha conocido recientemente al levantarse el secreto del sumario, y ya ha sido trasladada a la autoridad judicial, a la que también se le ha requerido para la apertura de la vista oral en la Sección VI de la Audiencia Provincial.
Los dos acusados tienen acta de diputado por el Partido Democrático y Social (PDSC), de corte musulmán, con el que el PP pactó en febrero de 2001 para arrebatar la presidencia de Ceuta a Antonio Sampietro, una vez que el GIL había iniciado su descomposición en la ciudad. Mustafá Mizzian ya había participado como viceconsejero en el Gobierno local ceutí que presidió el PP en la legislatura anterior.
Mizzian y Chaib no son los únicos imputados. El fiscal pide también pena de cárcel para otras cuatro personas por los mismos hechos, así como para el actual secretario de Construcción de CC OO, Sadek Dris.
