Los policías destinados en el País Vasco exigen mejoras económicas

Los policías destinados en el País Vasco pedirán la próxima semana a su director general, Agustín Díaz de Mera, que se les incremente el plus de zona conflictiva y el de peligrosidad, lo que supondría un aumento salarial bruto anual de 585,60 euros. Además, consideran necesario un aumento del personal destinado en la zona y una reforma de sus medios de trabajo, que consideran 'obsoletos y anticuados' respecto a los que maneja la policía autonómica vasca, y critican el abandono por parte del Gobierno central, informa Otr/Press. En el encuentro, las centrales presentarán sus reivindicaciones económicas, materiales y sociales.

Los sindicatos SUP, ANP, SPP y SPPU reclaman un aumento del personal e indican que la adscripción de nuevos policías al País Vasco ha ido disminuyendo sin que lo hayan hecho, por el contrario, las necesidades reales para desarrollar convenientemente su actividad.

En cuanto a los recursos materiales, se quejan de que mientras la Ertzaintza cuenta con medios técnicos de última generación adquiridos con fondos de la Administración, el Cuerpo Nacional de Policía sigue con medios 'obsoletos y anticuados para llevar a cabo las funciones que se nos demandan con la eficacia y efectividad debidas, teniendo en cuenta el entorno hostil en el que desempeñamos nuestra labor'.

Desde el punto de vista económico, los sindicatos piden que se reconozca 'la valía, sacrificio y profesionalidad' de los funcionarios adscritos a la Jefatura de Euskadi, adecuando el baremo y la adjudicación de méritos a fin de que incentiven la permanencia en estas plantillas. Los sindicatos quieren también una revisión y actualización del complemento de zona conflictiva a la realidad económica de Euskadi, teniendo en cuenta parámetros como precio de la vivienda, colegios y nivel de vida.

Junto a las reclamaciones materiales y económicas, también plantean otras de carácter social referidas al mantenimiento y potenciación de los servicios médicos y psicológicos, y el reconocimiento como enfermedad profesional 'del deterioro psíquico que supone realizar la función policial en un entorno social totalmente hostil'.