El Gobierno catalán no logra vender el agua de la depuradora de Blanes
El convenio con la comarca del Maresme sigue en punto muerto
La desaladora de Blanes ha supuesto una inversión que ronda los 60 millones de euros, pero su futuro es más que incierto. Salvo los alcaldes de CiU (Tossa y Blanes), el resto de responsables municipales que deberían adquirir el agua ha decidido rechazarla. El motivo es simple: el precio. La planta, que tenía que haber sido inaugurada en julio, de momento sigue funcionando en pruebas. Su funcionamiento definitivo carece de fecha oficial.
El agua que depura la desaladora de Blanes sale a 38 céntimos el metro cúbico (64,64 pesetas). Un precio que los alcaldes de la zona (salvo los de CiU) consideran muy elevado por un agua que no es la mejor del mundo. El resultado es que sigue sin cumplir su función: abastecer a las poblaciones de su entorno. Más aún, el Consejo Comarcal del Maresme ha decidido que, al menos de momento, no piensa firmar el convenio que debería dar paso al abastecimiento de las poblaciones.
El precio es alto, dicen los responsables municipales. Y lo es en términos absolutos y en términos relativos. Un ejemplo: la desaladora de Almería suministra agua a un coste de 28 céntimos de euro, el 25% menos que el coste que se atribuye al agua de Blanes.
El Departamento de Medio Ambiente asegura que el agua de la desaladora supondrá un incremento medio por familia de unas 4.000 pesetas anuales. Representantes del PSC, sin embargo, afirman que supondrá duplicar el precio del recibo.
Más aún, el Partido Popular ha denunciado, a través de Norbert Peláez, concejal de Pineda, que el precio del agua puede ser ahora de 38 céntimos, pero que tras las elecciones puede subir hasta 60 céntimos.
Los vecinos, por su parte, se han agrupado en una organización denominada Gestora Comarcal para el Agua y han anunciado movilizaciones y protestas si se encarece el suministro.
La planta iba a ser inaugurada el pasado mes de julio y estaba prevista la asistencia del candidato de CiU a la presidencia del Gobierno catalán, Artur Mas. Pero el acto tuvo que ser suspendido ante la evidencia de que podía resultar contraproducente ya que la oposición había anunciado que no pensaba asistir a un simulacro y las protestas estaban casi garantizadas.
El pasado mes de agosto la planta entró en funcionamiento en periodo de pruebas y así sigue esperando que alguien decida comprar el agua.
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