Partidos y organizaciones sociales cuestionan la efectividad del cambio

Partidos, sindicatos y organizaciones sociales han pedido al Gobierno que sopese los pros y los contras de la anunciada modificación de la Ley de Extranjería antes de llevarla a efecto y coinciden en que no contribuirá a solucionar el problema de la inmigración irregular.

La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, prefiere esperar a conocer sobre un texto la propuesta antes de fijar una posición definitiva. En todo caso, la dirigente socialista se pregunta 'cómo garantizará el Gobierno que quien sea condenado por un delito y expulsado a su país no acabe por regresar de manera irregular, no cumpliendo de esta manera la pena que le fue impuesta, a diferencia de cualquier ciudadano español, que permanecería en prisión'.

Para Carles Campuzano, de CiU, 'el Gobierno ha ido creando en torno a la inmigración un clima social de inseguridad, que ahora le obliga a cambiar la ley. El porcentaje de extranjeros en situación irregular que cometen delitos de baja intensidad no justifica una reforma'.

Susana López, de IU, afirma que el anuncio del ministro del Interior 'es un engañabobos'. 'Si lo que persiguen es aliviar las cárceles, no lo van a conseguir, porque los inmigrantes son mayoría entre los presos preventivos, no entre los penados. Ésos son españoles'.

Margarita Uría, del PNV, considera que, 'una vez más, el Ejecutivo ha lanzado una idea sin pensar en las consecuencias. Me repugna el acoso al menos favorecido socialmente'.

Paloma López, de CC OO, opina que la reforma no tendrá sentido si antes no se agiliza la justicia. 'El binomio inmigración y delincuencia que proclama el Gobierno es mucho menos importante que el binomio irregularidad y explotación laboral'.

La presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Delia Blanco, exige al Ejecutivo que 'respete el orden constitucional y no rompa la proporcionalidad entre el delito y la sanción'.