Interior modificará la ley para que los jueces expulsen a los inmigrantes con delitos menores

El Gobierno va a iniciar en breve una reforma de la Ley de Extranjería cuyo objetivo prioritario es que los extranjeros irregulares que cometan delitos menos graves, por ejemplo los de hurto, sean condenados a la expulsión del país sin que a los jueces, como ocurre ahora, les quepa la alternativa de ordenar el ingreso en prisión. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha explicado que la reforma que planteará tendrá como objetivo básico el que 'en todos los casos sea preceptiva la expulsión' de aquellos que hayan cometido infracciones penales castigadas con entre seis meses y cinco años de presidio.

El Gobierno anunció a comienzos de este verano una batería de reformas legales para combatir el incremento de los índices de delincuencia. Las líneas maestras de los cambios fueron explicadas por el presidente José María Aznar en el Congreso de los Diputados durante el debate del estado de la nación. Dado que el Ejecutivo sostiene que una de las causas del aumento de la criminalidad se debe a las infracciones penales cometidas por delincuentes extranjeros que se han colado entre los trabajadores inmigrantes, la reforma o retoque de la Ley de Extranjería, con apenas 19 meses de vida, irá encaminada a 'la agilización de los trámites para la expulsión de los inmigrantes ilegales delincuentes', según el ministro Acebes.

Acebes asegura que, 'de momento, lo más urgente' es retocar la Ley de Extranjería, en conjunción con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal para que los delincuentes juzgados por delitos menos graves, en caso de ser hallados culpables, sean condenados 'en todos los casos, a la expulsión'.

'En la actualidad', explicó Acebes, 'el juez puede acordar en su resolución judicial sobre delincuentes que hayan cometido lo que técnicamente se denominan delitos menos graves [se considera así en virtud de la extensión de la pena a imponer] el ingreso en prisión, el pago de una multa, la comparecencia ante el juez en determinadas fechas o la expulsión, según las penas que recoge el Código Penal'. Con la reforma que se pretende poner en marcha, los jueces no tendrían más remedio que acordar la expulsión de los inmigrantes sin papeles delincuentes.

'En todos los casos'

El fin declarado de la reforma es que no quede más alternativa que la expulsión, sin soluciones intermedias. 'La reforma que creo que debe hacerse es que, en todos los casos, cuando se trate de un inmigrante ilegal delincuente con penas menos graves, el acuerdo judicial sea su expulsión', asegura Acebes. La reforma de la Ley de Extranjería no irá, 'de momento', más allá, según el ministro del Interior.

La reforma permitirá que los extranjeros delincuentes que cometan una falta (por ejemplo, un robo por un valor inferior a 50.000 pesetas, es decir, 300,51 euros) o un delito castigado con menos de seis años sean expulsado de España al cabo de ser juzgado y hallado culpable. La reforma comenzaría a aplicarse en conjunción con los juicios rápidos, que permitirán enjuiciar un asunto a los tres o 15 días de su comisión, según los casos.

Fuentes policiales consideraron ayer muy necesaria la reforma, ya que, explicaron, 'muchos irregulares cometían pequeños delitos o faltas para asegurarse que no iban a ser expulsados al menos hasta que se celebrase el juicio'. Estos medios explicaron que normalmente los delincuentes puestos a disposición judicial por estas infracciones eran puestos en libertad a la espera de juicio, 'pero con un documento judicial, bien citándolos a un juicio en fechas futuras bien emplazándolos a presentarse periódicamente en sede judicial'. Ese papel se convertía, en la práctica, 'en un salvoconducto contra la expulsión', incluso aunque el inmigrante tuviera ya completado un expediente para su extrañamiento. Además, añaden, en muchos casos el encausado no comparecía al juicio.

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los extranjeros irregulares detenidos -siempre que pueda corresponderles una pena de privación de libertad- son ingresados de forma preventiva en prisión a la espera de juicio, después de que la Fiscalía General del Estado cursara instrucciones a los fiscales para que pidieran la prisión provisional para los extranjeros delincuentes. Como consecuencia de esta instrucción, elaborada tras una petición expresa del anterior ministro del Interior, Mariano Rajoy, los extranjeros encarcelados en espera de juicio han crecido de forma exponencial.

Aliviar las cárceles

Interior pretende, además, que la reforma alivie la presión sobre el sistema penitenciario español (casi 51.000 reclusos en las 77 prisiones) y frenar el incremento de los delitos cometidos por inmigrantes irregulares. Los datos del ministerio indican que ha crecido en un 39,61% el porcentaje de extranjeros detenidos por todos los conceptos penales y en un 50% los arrestados por robos con fuerza en las cosas, con violencia o intimidación. Durante el año pasado fueron detenidos un total de 65.392 ciudadanos extranjeros, de los que 7.192 lo fueron por la comisión de faltas. Las estadísticas oficiales nada dicen de si eran o no residentes legales.

En los tres primeros meses de este año, 462 de los 1.228 presos que ingresaron en las cárceles del Estado eran preventivos, y de ellos el 89,9%, extranjeros. Todos los penados (766) fueron españoles. El número de extranjeros en esas prisiones asciende a 10.338.

Los retoques de la Ley de Extranjería se incluirán en las reformas que se están elaborando dentro del llamado pacto por la justicia -un foro de diálogo entre los partidos políticos-, en cuyo seno también se está revisando el catálogo de castigos del Código Penal, se está modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del que ya ha salido el proyecto de juicios rápidos.