Tres obreros mueren en accidente en 48 horas y elevan a 22 el total del verano

Tres obreros fallecieron ayer en Cataluña en dos accidentes laborales sucedidos en las últimas 48 horas. Con estas muertes se elevan ya a 22 las registradas en los últimos 45 días, en lo que se ha convertido en el verano negro de la siniestralidad laboral. Los sindicatos expresaron de nuevo su malestar por la a todas luces ineficaz política de seguridad laboral desarrollada por las empresas y las administraciones. De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, en los primeros seis meses de 2002 se han registrado 745.613 accidentes, con 493 muertes, el 11,3% más que el año anterior.

CC OO: 'La siniestralidad laboral es ya un problema de salud pública'

En la unidad de grandes quemados del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona fallecieron ayer Francisco P. G. y Ramón G. G., los dos trabajadores de la factoría de Cray Valley Ibérica en Mollet del Vallès (Vallès Oriental) que el sábado habían sufrido quemaduras en el 90% del cuerpo de resultas de la explosión de un bidón de 200 kilos de resina sintética. Ambos tenían 41 años y residían en Mollet y Montornès del Vallès, respectivamente.

También en la madrugada de ayer falleció en Tossa de Mar (Selva) un trabajador, Albert R. C., de 38 años y vecino de Blanes, informa Cristina Parals. El trabajador estaba reparando un fusible en una torre de media tensión. Cuatro dotaciones de bomberos acudieron a las tres de la madrugada para rescatar el cadáver del operario, que había quedado colgando del arnés. Era un trabajador de la empresa EMTE subcontratada por la compañía Fecsa Endesa para desempeñar este tipo de tareas. Un portavoz de esta compañía declaró que la víctima realizaba una operación que es habitual, con un procedimiento establecido, y que llevaba el equipo adecuado.

Con estas tres muertes son ya siete las registradas en Cataluña en una semana, un ritmo que deja en evidencia las buenas palabras con las que la Administración y las empresas responden a las quejas de los sindicatos ante el fracaso de la prevención. La empresa Cray Valley de Mollet anunció ayer una investigación interna para determinar las causas del accidente y la alcaldesa de Mollet, Montserrat Tura, advirtió que actuará 'con toda firmeza y pedirá responsabilidades' si la explosión se produjo por un mal funcionamiento de la empresa.

Cataluña es con mucha diferencia la comunidad española en la que ocurren más accidentes laborales: 79.346 accidentes con baja laboral registrados de enero a junio. Le siguen Andalucía, con 61.727; Madrid, con 53.687, y la Comunidad Valenciana, con 44.767 en el mismo periodo. España tiene un índice de siniestralidad laboral muy superior a la media europea. Un estudio del sindicato Comisiones Obreras mostró en febrero que en España se había producido el 20,39% de los accidentes con baja ocurridos en la Unión Europea, lo que daba un índice del 8,78 por cada 100.000 trabajadores, cuando la media europea se sitúa en 5 por cada 100.000.

Los sindicatos reaccionaron ayer ante la dramática persistencia de la siniestralidad laboral exigiendo la puesta en marcha de políticas efectivas de prevención de accidentes y anunciaron movilizaciones ante lo que consideran pasividad e irresponsabilidad de las empresas y las administraciones. Los accidentes se han convertido en un problema de salud pública, un azote que causa tantas muertes como 'una epidemia', en expresión del portavoz de CC OO de Cataluña, Manel García Biel. Los dirigentes sindicales atribuyen el elevado número de accidentes a la precariedad laboral, y en particular a la subcontratación y la temporalidad, que permiten a las empresas desentenderse del cumplimiento de la ley de prevención de riesgos, y a la ineficacia de las administraciones en el momento de exigir el cumplimiento de la legislación laboral.

García Biel atribuyó directamente la responsabilidad a las empresas porque, dijo, 'más del 50% de las firmas en España incumplen la ley de prevención de riesgos laborales'. Y cargó contra la patronal por dar 'cobertura moral' a las empresas al sostener, como hizo días atrás el presidente de Fomento del Trabajo Nacional, Juan Rosell, que los accidentes son producto de 'la bajada de guardia' de los trabajadores.

La responsable de seguridad laboral de UGT de Cataluña, Carme Simarro, afirmó que la actuación del Gobierno de la Generalitat 'es una vergüenza', por insuficiente e ineficaz. En una reunión celebrada el 14 de agosto con los responsables sindicales para abordar esta situación, el consejero de Trabajo del Gobierno catalán, Lluís Franco, se comprometió a incrementar el control de la subcontratación en las obras públicas y a aumentar la plantilla de inspectores de trabajo. De acuerdo con este compromiso, el Gobierno catalán decidió el martes pasado duplicar la plantilla de inspectores de trabajo, pero esta es una medida que tardará en ser efectiva porque tiene que ser negociada con el Ministerio de Trabajo. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó ayer en Tiurana (Noguera) que la prevención de accidentes se había convertido en 'una de las mayores preocupaciones' de su Ejecutivo.

Franco rechazó, sin embargo, la demanda de los sindicatos de que los cuerpos policiales participen en la inspección de las condiciones laborales. La reacción del director general de Relaciones Laborales del Gobierno catalán, Jaume Abad, ante los últimos accidentes fue anunciar que a partir de ahora la Administración catalana remitirá al fiscal las actas de los inspectores de trabajo por infracción en la normativa sobre prevención de riesgos.

Abad subrayó que se trata de un paso más en la exigencia de responsabilidades a las empresas por parte de la Administración porque significa que no se actuará sólo cuando se haya producido un accidente. La exigencia legal de responsabilidades en materia de previsión de riesgos laborales se basa, explicó, en el artículo 316 del Código Penal. Este artículo prevé que serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de 6 a 12 meses quienes 'con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física'.