Incumplimiento escandaloso
El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, en su columna semanal en El Mundo de ayer sábado, solicitaba 'Transferencias a Andalucía, ya'. Hacía un poco de historia el ex presidente y explicaba que ninguno de los gobiernos anteriores, ni de UCD ni del PSOE, había tenido el comportamiento que debería haber tenido con Andalucía en lo que a la transferencia de las competencias asumidas por la comunidad autónoma en su estatuto de autonomía se refiere, pero que el Gobierno del PP 'había hecho buenos a todos los demás'. Tras ese recorrido histórico, el ex presidente concluía con la exigencia de la transferencia inmediata de las competencias pendientes.
No creo que nadie mínimamente imparcial pueda estar en desacuerdo con el análisis de Rafael Escuredo. Es verdad que siempre ha habido problemas en el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía, pero no lo es menos que, desde que gobierna el PP en Madrid, los está habiendo más que nunca y, además, con menos justificación que nunca, ya que cuanto más tiempo pasa menos explicable resulta la retención por el Estado de competencias que ha asumido estatutariamente la comunidad autónoma.
No hay manera de explicar de manera objetiva y razonable, como exige el Tribunal Constitucional, que el Estado mantenga las competencias de las políticas activas de empleo y la CHG
Todos los años tienen los mismos días, pero no todos los años son iguales. Es evidente que el Estado de las Autonomías de 1982, cuando se hacen las primeras elecciones autonómicas en Andalucía, no es el mismo que el Estado de las Autonomías de 2002. Entonces era un recién nacido. Hoy ha alcanzado la mayoría de edad. La justificación de la retención de competencias por parte del Estado, que podía tener una explicación en el momento de la inicial puesta en marcha de la nueva distribución territorial del poder establecida en la Constitución, ha dejado de tenerla casi por completo en el día de hoy. No hay manera de explicar de una manera objetiva y razonable, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el Estado mantenga a estas alturas del guión las competencias en políticas activas de empleo o en lo relativo a la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir y no las haya transferido a la Junta de Andalucía. No es que las competencias tengan que ser transferidas ya, como reclama el ex presidente Escuredo, es que deberían haberse transferido hace ya mucho tiempo. El incumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía por el Gobierno de la nación empieza a ser escandaloso.
Porque aquí es donde está el quid de la cuestión. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas está definido exclusivamente por la Constitución y cada uno de los estatutos de autonomía. Los decretos de traspaso no son normas atributivas de competencias, sino normas de ejecución de las competencias que ya son propias de cada una de las comunidades autónomas como consecuencia del juego conjunto de la Constitución y el Estatuto de Autonomía correspondiente. El Gobierno de la nación no puede utilizar los decretos de traspasos de competencia para vaciar parcialmente de contenido el sistema de distribución de competencias definido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La Constitución y el Estatuto de Autonomía no le imponen al Gobierno una fecha en la que tenga que dictar los mencionados decretos, pero ello no puede querer decir que el Gobierno pueda remitir ad calendas graecas la aprobación de tales decretos. El que no se fijen plazos, que es lógico que no se fijen, no quiere decir que no existan. Los plazos tienen que ser los que razonablemente se deduzcan de la dificultad material del traspaso de la competencia de que se trate y nada más. ¿Qué dificultad objetiva puede haber para transferir las políticas activas de empleo a Andalucía cuando ya han sido transferidas a todas las demás comunidades autónomas? En la pregunta está la respuesta. Y lo mismo cabe decir de cada una de las catorce competencias que el propio Ministerio de Administraciones Públicas considera que todavía están pendientes de ser transferidas a Andalucía.
Este es el argumento fuerte del Gobierno vasco en su polémica con el Gobierno de la nación por el incumplimiento del Estatuto de Gernika. Las competencias que figuran en el Estatuto de Autonomía son competencias que han sido asumidas ya por el País Vasco. Su asunción no está pendiente de que el Gobierno dicte los decretos de traspaso. Lo único que está pendiente del decreto de traspaso es el ejercicios real y efectivo de dichas competencias. Pues el decreto de traspaso no afecta a la titularidad, sino únicamente al ejercicio. El Gobierno de la nación no debe privar de facto de la titularidad de una competencia al País Vasco mediante la no aprobación del decreto que hace imposible su ejercicio. Eso es un fraude de Constitución y de Estatuto de Autonomía y supone un ejercicio desleal del poder por parte del Gobierno de la nación.
Con mucha más razón que el Gobierno vasco puede decir lo mismo el Gobierno andaluz. Con ello no estoy proponiendo que se adopten en el Parlamento de Andalucía resoluciones similares a las que se han adoptado en el Parlamento vasco, dando un plazo para que se efectúe el traspaso y advirtiendo de que si no se produce, se procederá unilateralmente al ejercicio de las competencias asumidas pero no traspasadas. No creo que se deba proceder de esta manera. Pero alguna iniciativa de presión ciudadana para exigir el cumplimiento por el Estado del Estatuto sí debería ponerse en marcha. Ya está bien.
