UGT pide que se reforme la ley para penar el abandono de ancianos

El sindicato UGT pidió ayer una reforma tanto del Código Penal como del Código Civil para que estas dos normas incluyan el abandono de ancianos, tanto por parte de sus familiares, como por parte de las administraciones públicas, como un delito punible. El secretario de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Luis Fernández, recordó que la responsabilidad de cuidar a los mayores, 130.000 de los cuales viven solos en Madrid, es 'ineludible'. 'No podemos seguir viendo cómo los ancianos mueren solos en sus casas, sin que ni los ayuntamientos ni la Comunidad, y ni siquiera los familiares se hagan cargo de sus responsabilidades para con ellos. Son personas, y muchas de ellas viven en situaciones muy tristes'.

Fernández transmitió ésta y otras sugerencias el pasado martes al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, con quien mantuvo una reunión. A raíz de este encuentro, y de la presentación de un escrito por parte del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid en el que se denunciaba la situación de los mayores en la capital, Múgica anunció el jueves que abrirá una investigación para cerciorarse de que todas las administraciones están prestando la suficiente atención a los ancianos de la región.

El representante de UGT recordó que los datos en los que se basa la petición de IU son los recopilados por su sindicato y apuntó que en la reunión del 28 de julio del Consejo del Mayor (órgano presidido por la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, y que reúne a diversas organizaciones sociales y a partidos políticos), los miembros de IU 'no dijeron una palabra en defensa de los mayores'. 'He pedido una nueva reunión del Consejo a la consejera, pero no he obtenido respuesta', añadió.

CC OO denunció, por su parte, la 'falta de recursos residenciales', cuyas listas de espera 'se acercan a las 14.000 personas', así como la escasa dotación de servicios de ayuda a domicilio.

Ana González, secretaria de Política Social de CC OO, afirma que las administraciones, 'deben asumir su responsabilidad, abandonar discursos demagógicos y desarrollar una eficaz política social para las personas mayores'.