Garzón ordenó desalojar a los que se resistieran al cierre judicial

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó en la tarde del lunes a las fuerzas de seguridad del Estado la entrada en las sedes de Batasuna y el desalojo de las personas que se encontrasen en el interior y dificultasen la acción de clausura y precinto, según un auto conocido ayer. La resolución fue dictada horas después y separadamente del auto que ordenaba la suspensión de actividades de Batasuna por un periodo de tres años y la clausura de sus locales, que ayer continuaba practicándose de forma progresiva.

Garzón explicaba en su segunda resolución que la orden de clausura de las sedes, locales, establecimientos o cualesquiera otros centros de los que dispusiera Batasuna, dado que se trataba de una resolución motivada, era 'ejecutiva' y debía llevarse a cabo en los términos que se marcaban en la misma. El juez encomendaba a las fuerzas actuantes, el Cuerpo Nacional de Policía en Navarra y la Ertzaintza en el País Vasco, que adoptasen las medidas oportunas para hacer efectiva la clausura de las sedes, 'incluido el desalojo del lugar correspondiente'.

El propio auto sirve como mandamiento de entrada y registro, de forma que a los desalojos que efectúe la Ertzaintza y la Policía Nacional puede acudir un secretario del juzgado de cada localidad en caso de que sea necesario.

Así lo establecía el auto al señalar que la propia resolución judicial servía de 'mandamiento en forma' a los efectos de los artículos 545, 550 y 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la entrada y registro en lugar cerrado mediante mandato judicial y en presencia del secretario del juzgado. En cualquier caso, el auto del juez Garzón agregaba que 'se reclamará el auxilio judicial del juzgado de instrucción correspondiente al [lugar en] que se encuentre la sede o local' de Batasuna a clausurar.

Respeto a la decisión

Al margen del auto de Garzón, que comenzó a ponerse en práctica en la noche del lunes en Navarra y en la tarde de ayer en las principales sedes de Batasuna en el País Vasco, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, indicó que 'quien impide la normal ejecución de una resolución judicial podría estar cometiendo un delito de desobediencia', en referencia a la aplicación del auto dictado por Garzón.

El portavoz del órgano de gobierno de los jueces expresó 'el máximo respeto a la decisión de un juez, adoptada conforme a la legalidad vigente'. 'El juez se encuentra con unos hechos que por sí mismos tienen una naturaleza criminal y adopta las medidas que conforme a la ley se pueden adoptar', añadió López.

Para el portavoz del CGPJ, 'el Estado de Derecho tiene medios, con la utilización de sus instrumentos, para combatir la lacra del terrorismo'.