Tarifas móviles

La liberalización de las telecomunicaciones ha tenido un claro impacto en la rebaja de las tarifas telefónicas. Pero esa positiva evolución no logra esconder algunos problemas endémicos del sistema de fijación de las mismas, una situación confusa a la que han contribuido tanto la interesada actuación de las compañías telefónicas como la del Gobierno.

En primer lugar, es necesario destacar la falta de claridad de las distintas ofertas, que provocan que el usuario se pierda en un mar de planes de descuento y horarios sin que realmente sepa cuánto le cuesta realmente una llamada. Precisamente esa confusión permite a las compañías jugar con los números y evitar trasladar a sus clientes las reducciones de precios que consiguen por la rebaja de las tarifas oficiales o por el ahorro de costes. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con las llamadas de fijo a móvil, que representan entre un 30% y un 50% de la factura media de un abonado.

Las compañías de telefonía fija se quejaron de los precios abusivos que les cobraban las operadoras de móviles por la parte de la llamada que circula por su red. El regulador (la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) aceptó su demanda y obligó a Telefónica Móviles y a Vodafone a reducir esta tarifa de interconexión un 17% a partir del 1 de agosto pasado. ¿Qué ha sucedido? Compañías como Telefónica de España, Retevisión, Uni2 y Jazztel, en lugar de repercutir ese ahorro a sus clientes, absorbieron la rebaja y aumentaron sus márgenes, dejando la factura de los usuarios en el mismo nivel que antes del 1 de agosto. Las quejas de las asociaciones de consumidores fueron inmediatas, pero de efecto nulo.

Es cierto que, en el terreno de la telefonía fija, la aparición de una multitud de compañías a partir de finales de 1998 no sólo ha permitido elegir al usuario entre una variedad de ofertas (donde antes sólo tenía la de Telefónica), sino que también ha forzado una reducción de precios estimada en el 47%. La tendencia a la baja de los precios no ha sido menor en el caso de la telefonía móvil, aunque sólo tres compañías -Telefónica Móviles, Vodafone y Amena- se reparten un mercado de más de 30 millones de usuarios.

Con todo, el principal problema del actual sistema de tarifas consiste en su indefinición y arbitrariedad, que afecta tanto a los consumidores como a las compañías. En telefonía fija, el Gobierno fija tan sólo las tarifas de Telefónica de España, pero la cuota de mercado que mantiene es tan amplia (87% del total de ingresos) que, en realidad, el resto de las operadoras referencia sus precios a los del ex monopolio.

El Ejecutivo instauró un sistema de precios máximos por tipo de llamadas que no ha satisfecho ni a Telefónica, que se queja de los importantes recortes que se ha visto forzada a aplicar en algunos casos, ni a sus rivales, que piensan que el ex monopolio se salta el sistema mediante planes de descuentos especiales que, gracias a rebajas temerarias, tratan de eliminar cualquier atisbo de competencia.

El Gobierno ya ha anunciado que va a modificar próximamente ese sistema, aunque será difícil contentar a todas las partes implicadas: a Telefónica, que quiere más flexibilidad para fijar sus propios precios; al resto de compañías, que piden que se les garantice una mínima protección frente al monopolio para poder ser rentables, y a los consumidores, que demandan tarifas claras y baratas. Estos últimos son los que lo tienen más complicado, puesto que el Gobierno, atendiendo a las demandas de las compañías, se inclina por permitir que las tarifas suban ligeramente o, en cualquier caso, que no sigan bajando, exactamente igual que ha hecho con el recibo de la luz. A la hora de la verdad, es el consumidor el que sale perdiendo.