El recurso al recurso

En opinión del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del desempleo presentado por la oposición de izquierda es 'incoherente y vacío de argumentos'. Portavoces del PP han añadido que su verdadero objetivo es replantear 'batallas políticas perdidas'. Sin embargo, el Gobierno más bien debería felicitarse del carácter tan civilizado de una oposición que en lugar de suscitar una batalla de legitimidades entre la movilización contra el decretazo y la mayoría legislativa que lo convalidó, somete a los tribunales la posible derogación del decreto y plantea enmiendas parlamentarias para intentar reformar su contenido.

La tentación de contraponer la huelga del 20-J al Parlamento rondó durante algún tiempo por algunas cabezas sindicales. Pero los líderes de UGT y CC OO se entrevistaron luego con los grupos parlamentarios, incluyendo el del PP, para sugerir posibles enmiendas, una vez que el Gobierno había a su vez aceptado tramitar el decreto como proyecto legislativo. Es verdad que han seguido reivindicando la retirada sin más del decreto, pero la izquierda política lo ha traducido en un recurso de inconstitucionalidad presentado hace dos días. El recurso no insiste en lo que pareció motivo principal de desacuerdo, el establecimiento de condiciones más duras para percibir el subsidio de paro. Y se centra fundamentalmente en la cuestión formal (pero no sólo) de que la reforma se hiciera por decreto ley y en la supresión de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes.La aceptación a posteriori de la tramitación como proyecto de ley no resta sentido al recurso. Por una cuestión de principios y porque al elegir la vía del decreto, el Gobierno pretendió que la huelga que ya habían anunciado los sindicatos apareciera como algo inútil, porque la reforma ya estaba en vigor. Utilizar el decreto, sin que se haya demostrado la existencia de los motivos de 'extraordinaria y urgente necesidad' que exige la Constitución, para un fin político partidista merece como mínimo su análisis por el Tribunal.

Con más razón cuando la reforma implica la supresión de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes. Con independencia de las consideraciones que puedan justificar esa medida, es evidente que supone un abaratamiento del despido que rompe el equilibrio forjado a lo largo de años entre la facultad de despedir que tiene el empleador y el efecto disuasorio de su coste. Ello podría ir contra varios preceptos constitucionales, como ya ha considerado un juez de Badajoz en una resolución. Luego no es una iniciativa tan vacía de argumentos, como piensa Zaplana.