Más allá del silencio

Al plantear el tema de la ilegalización de Batasuna, viene insistiéndose en que el partido abertzale no condenó el atentado de Santa Pola. El silencio culpable serviría entonces de base para iniciar el proceso de exclusión de la legalidad en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. Pero la verdad es que Batasuna no calló. Su máximo dirigente y portavoz, Arnaldo Otegi, explicó en una rueda de prensa tras lo que él llamaba 'sucesos' -en euskera la mención era más explícita: 'acción armada', 'ekintza armatu bat'-, que existían unas responsabilidades muy claras por el luctuoso acontecimiento, y que las mismas correspondían a 'Sharon-Aznar' (sic), culpable de impulsar 'la aniquilación de la izquierda abertzale y la aniquilación del proyecto nacional vasco'. Es más, con la mentira en la boca, ya que fue ETA la que suspendió los contactos, acusa también a Aznar de haber asumido una posición 'conscientemente provocadora y saboteadora' que hizo fracasar la tregua 'indefinida' (nuevo sic) de ETA después de Lizarra.

En suma, Otegi, y con él Batasuna, proceden a una exculpación absoluta de ETA respecto del crimen de Santa Pola, y no sólo eso, de acuerdo con una estrategia del discurso típicamente nazi -una vez más la reproducción del 'arbeit macht frei' de Auschwitz-, el culpable del crimen resulta ser quien se opone a los asesinos. Implícitamente, la 'acción armada' de ETA es absuelta mediante esa transferencia de responsabilidad. Batasuna asume así la defensa del terrorismo desde la legalidad que obviamente ETA no puede llevar a cabo, y por si Otegi se quedó corto, la manifestación de Donostia aclaró aún más las cosas con el 'gora ETA' y el 'Ertzaina, zipaio, pim, pam, pum': eso no es libertad de expresión, juez Perfecto Andrés y diputado Anasagasti, sino clamorosa incitación al crimen político. Hay que aferrarse a la convicción de que nunca es posible aceptar la pena de muerte para no evocar en este caso, como en el de las matanzas y destrucciones ordenadas por Sharon o en el de los torturadores y asesinos de Lasa y Zabala, pues la barbarie es plural, la pertinencia de una justicia de excepción como la que aplicaba Bertolucci al fascista Atila en Novecento. La única virtud que contiene el episodio consiste en poner de manifiesto la radical inhumanidad de quienes promueven desde Euskadi la violencia y el terror. La conclusión es clara: si ello es factible, no deben tener cabida en una legalidad democrática.

Hasta el final de la tregua pudo pensarse en la aplicación a Euskadi del modelo norirlandés, considerando que la existencia de un partido legal coordinado con la banda terrorista desembocaría en una autonomía creciente del primero que le convirtiera a fin de cuentas en interlocutor necesario para empujar a los terroristas hacia la senda de la paz. Hicieron nacer esa esperanza en 1998-1999 alguna declaración de Euskal Herritarrok contra la violencia y las puntualizaciones de Otegi sobre el apoyo electoral mayoritario requerido para la independencia. El wishful thinking se mantuvo por un momento en las manifestaciones que siguieron al fin de la tregua: muchos informadores prefirieron no ver que la de los batasunos, Otegi la culminó con un sonoro '¡Gora Euskadi Ta Askatasuna!'. La fidelidad al Gran Hermano quedaba así públicamente garantizada, y en lo sucesivo los independentistas que rechazasen el terror sólo tenían como opciones el abandono de la militancia o su integración como disidentes en el que es hoy el grupo Aralar.

El espejismo se disipó y, con la ayuda de las investigaciones del juez Garzón, fue cobrando perfiles precisos una realidad que antes era únicamente en sus líneas generales por los análisis de sociólogos e historiadores. El mundo legal aglutinado por Batasuna no era sólo una trama de organizaciones partidarias de ETA, sino los tentáculos del pulpo, por usar la imagen de la piovra acuñada para la Mafia, mediante los cuales la propia ETA actuaba por grupo interpuesto en la sociedad civil, hacía ejecutar sus decisiones y reclutaba militantes. Esto, especialmente a partir de la organización juvenil Jarrai, protagonista de la kale borroka y sustentada en la peculiar sociabilidad de las herrikotabernas. No se trataba, pues, de dos estructuras convergentes en los fines, una clandestina y otra legal, sino de una sola estructura, centrada en ETA, que penetraba en la sociedad y en la política vascas por medio de un conjunto de organizaciones legales de especialización funcional, cuyo eje era Batasuna, la última mutación de HB. A través de sus componentes, ETA recogía información para los atentados, los preparaba de cara a la opinión pública, como fue el caso de la visita de gentes de Gestoras Pro-Amnistía al concejal durangués Pedrosa, pronto asesinado, o doblaba los atentados con amenazas y violencia contra los representantes estatutistas, tal y como ocurrió en Lasarte o en Portugalete. Resultaban fortalecidas así la intimidación contra las víctimas y el conjunto de los demócratas activos y la eficacia agresiva de los batasunos, quienes estaban en condiciones de difundir con toda impunidad las distintas variantes del '¡ETA, mátalos!'. En conjunto, un panorama de indefensión que un Estado de derecho no podía aceptar indefinidamente.

Es sabido cómo a partir de los primeros días de 2000 Garzón fue tirando de la madeja con la documentación disponible para mostrar cómo cada una de esas organizaciones subalternas, de Xaki a Gestoras Pro-Amnistía y Jarrai/Haika/Segí, respondían a una articulación dependiente respecto del centro de decisiones etarra. La labor investigadora culminó hace poco más de un mes con el bloqueo de cuentas a la propia Batasuna, por considerarla 'una especie de empresa-pantalla en la que actúan unos administradores de derecho, pero que obedece a las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA'. ETA protagonizaba de hecho la kale borroka, ejecutada por los militantes juveniles 'perfectamente amparados, impulsados y coordinados' por Batasuna o sus predecesoras. Desde este punto de vista, de nada sirve mantener a Batasuna en la legalidad, ya que, como se vio durante la tregua aquí, Arnaldo Otegi no es Gerry Adams: el interlocutor es ETA. Y mantener a Batasuna en la vida legal equivale de hecho a permitir una fraudulenta legalidad de ETA.

Por otra parte, la reanudación de la guerra contra el Estado a partir de diciembre de 1999 se salda hasta el momento con una importante derrota parcial de ETA, que ha visto cómo eran desmantelados uno tras otro los comandos reconstruidos durante la tregua con abso

luta tranquilidad y bien provistos de explosivos franceses. Ha sido un mentís claro al tópico tantas veces repetido de que no cabe una eliminación de ETA por vía policial. Hasta los bondadosos obispos vascos lo temen, y por eso afirman que no es buena solución: por criminal que sea el terror, más vale el diálogo, dicen. El hecho es que, si funciona a pleno rendimiento la colaboración hispanofrancesa, ETA sólo podrá mantener una supervivencia precaria, como la del primer semestre de este año. Además, tampoco ETA deja otra solución, tal y como muestran sus comunicados y las declaraciones de su recadero parlamentario Otegi: es preciso desenganchar cuanto antes la máquina y avanzar 'democráticamente' en esa mal llamada 'construcción nacional' de Euskal Herria desde Bayona a las puertas de Logroño. No existe un ápice de rectificación en esa confrontación delirante con 'el jacobinismo francés' y 'el fascismo español' -aún hay clases-, y la inmutable 'alternativa democrática' de 1995, todavía vigente, se apoya como primer ejemplo en Palestina. 'Mientras condenen a muerte a Euskal Herria', afirma un comunicado del pasado junio, 'ETA seguirá luchando'. Pero de momento, la ofensiva iniciada en enero de 2000 fracasó, EH se hundió ante el PNV en las elecciones de mayo de 2001 y la huida hacia delante en el proceso de intimidación de tipo nazi facilita la perspectiva de una ilegalización general del entramado ETA, algo que, como es lógico, para nada gusta a la organización. Por eso Otegi pide árnica a Ibarretxe y al nacionalismo democrático. Cabe todavía una reorganización que prolongue la estela de muertes. A la vista de lo ocurrido estos dos años y medio, ¿para qué?

Eso no significa, empero, que el camino de la ilegalización sea fácil. Para empezar, durará meses, y en ese plazo ETA tratará de forzar al máximo la máquina de movilizaciones, violencia y atentados. Por añadidura, sin ser jurista, cabe augurar que no será fácil en el Constitucional confirmar la culpabilidad del silencio prevista en el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. Y quedaría Estrasburgo. Un camino sembrado de obstáculos en cuyo curso una sentencia de devolución de legalidad a Batasuna tendría un lamentable efecto bumerán sobre la política vasca.

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense.