El PSPV reclama más medidas de seguridad en las dependencias de la Policía y Guardia Civil

El Grupo Socialista-Progressistes de las Cortes Valencianas anunció ayer la presentación de una proposición no de ley que incluye diversas iniciativas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad de las dependencias y cuarteles de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han quedado en entredicho tras el atentado de Santa Pola. Entre otras cuestiones, se propone la instalación de cámaras de vídeo y de inhibidores de frecuencias.

La proposición, dada a conocer ayer por el portavoz socialista, Joaquim Puig, señala que el atentado de Santa Pola 'ha puesto de manifiesto una vez más la falta de medios materiales y humanos que hay en la actualidad en las comisarías de policía y en los cuarteles de la Guardia Civil'. Por eso propone que las Cortes Valencianas insten al Consell a dirigirse al Gobierno central para reclamar la redacción de un estudio y la elaboración de un presupuesto para la instalación, este año, de videocámaras de seguridad en todas las dependencias policiales de la Comunidad, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. También propone dotar de inhibidores de frecuencia a todas las comisarías y cuarteles y que mientras todo ello se lleva a cabo, se establezca un sistema de patrullas perimetrales para garantizar la seguridad.

Además, pide que todas las dependencias policiales tengan un libro en el que queden inscritos los ciudadanos que accedan a su interior. También sugiere aparatos de rayos X y arcos detectores de metales en aquellas oficinas policiales de mayor afluencia de ciudadanos o en las que trabajen muchos funcionarios. Otra medida propuesta se refiere a la prohibición del estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de las dependencias policiales y cuarteles que se encuentren en los cascos urbanos de pueblos y ciudades. Esta es una de las peticiones que hizo ayer el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Alicante, Manuel Martínez, quien denunció la 'falta de medidas de seguridad' en los cuarteles. La iniciativa propone también la promulgación de un decreto de riesgos laborales para los funcionarios policiales.

Joaquim Puig dijo al presentar esta iniciativa que los policías y guardias civiles 'no necesitan palmaditas en la espalda, sino más medios y posibilidades para luchar contra el terrorismo y contra la inseguridad ciudadana'.

Por otra parte, el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) pidió ayer la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Camps, por su 'demostrada inmadurez' en temas de extremada urgencia tras los atentados de ETA. El SPPU tilda de 'irresponsables' las declaraciones de Camps anunciando detenciones relacionadas con las amenazas de bomba. Para este sindicato, esas manifestaciones ponen en peligro operaciones policiales y la integridad de los agentes.