Gran Bretaña abre la veda para la vigilancia desde los ISP

La Ley RIP ya está en marcha en Gran Bretaña. Desde el 1 de agosto, los proveedores de servicios (ISP) con más de 10.000 usuarios deben estar preparados para interceptar correo electrónico, faxes y datos de navegación de sus clientes, cuando se lo pidan las fuerzas de la ley.

Las directrices de la Regulation of Investigatory Powers Act, o Ley RIP, aprobada por el Gobierno de Tony Blair, dicen que el proveedor debe aportar los mecanismos para la interceptación desde el momento en que se le avise, debe asegurar la vigilancia de las comunicaciones y datos relacionados en tiempo real, sin ambigüedades y de forma fiable, permitiendo que sólo se filtren los datos de tráfico asociados a la denuncia presentada por las autoridades. El ISP debe además vigilar simultáneamente a varios clientes (1 de cada 10.000), sin que se enteren, y que el resultado sea auditable.

Según denunciaba Suresh Ramasubramanian en la lista de correo Politech, 'los críticos aseguran que la ley tiene muchos fallos. La Oficina de Interior no ha dicho aún a los ISP cómo se les compensará por poner en marcha la interceptación y el almacenamiento de los datos. Al referirse la ley al terrorismo y crimen organizado, se aplica sólo a grandes proveedores. Cualquiera que quiera evitar la vigilancia necesita encontrar uno pequeño'.

Nueva ley en Suiza

En Suiza será obligatorio para los proveedores grabar y guardar durante seis meses, como mínimo, los datos sobre los mensajes que envíen sus usuarios, bajo una nueva ley que amplía la ya aprobada en 2000 y que entrará en vigor en 2003, según la BBC. Hasta ahora, los ISP suizos guardaban la fecha, el emisor y el destinatario de los correos. Aunque con la nueva ley no se grabará el contenido, sí se amplían los datos a monitorizar, lo que ha dado lugar a las críticas de los defensores de la privacidad, quienes aseguran que los criminales usarán cuentas en otros países para evitar la vigilancia.

Otra preocupación es qué sucederá con los datos, pasados los seis meses. El Gobierno se ha desentendido: la responsabilidad de borrarlos es de los ISP. Éstos se han quejado por coste de las tecnologías para la interceptación, que pone en peligro la supervivencia de los más pequeños, quienes piden que el Ejecutivo pague la inversión.