El PSOE de Estepona recurre la licencia que dio el PP a Román

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Antonio Barrientos, presentó ayer un recurso de reposición contra la rehabilitación de la licencia de obras para una promoción inmobiliaria de Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella con Jesús Gil. Barrientos dio un plazo de 20 días al equipo de gobierno (PP y ex ediles del GIL), para que rectifique, y advirtió que en caso contrario denunciará ante los tribunales lo que considera prevaricación.

En el escrito, presentado en el registro de entrada del consistorio esteponero, Barrientos exige la nulidad del acuerdo adoptado el pasado 24 de mayo por la comisión de gobierno, que decidió levantar el veto a la promoción de la sociedad Development Projet S.A., cuyo administrador único es Pedro Román.

El proyecto inmobiliario promovido por el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) implica la recalificación de una parcela de 17.900 metros cuadrados situada en primera línea de playa en Estepona, en los terrenos del antiguo hotel Seghers, para aumentar la edificabilidad de 6.880 a 20.575 metros cuadrados, lo que supone un 320 % de aumento. Esta operación urbanística podría generar, según el concejal de IU Antonio Murcia, unas plusvalías de 18 millones de euros.

El anterior gobierno cuatripartito, integrado por PSOE, PP, IU y PA, dio por caducada en marzo de 2001 la licencia de Román, atendiendo a un informe del arquitecto municipal que señalaba 'la imposibilidad de verificar movimiento de tierra alguno' en los terrenos. Los mismos concejales del Partido Popular que el pasado año paralizaron la promoción de Román -la alcaldesa, Rosa Díaz; Manuel Sánchez Bracho e Ignacio Mena- votaron hace tres meses a favor de su reactivación, atendiendo a dos nuevos informes de los técnicos municipales contrarios al anterior.

'Los informes técnico y jurídico emitidos el 21 de mayo pasado son de forma clara, patente y notoria contrarios al ordenamiento jurídico y urbanístico vigentes, y han sido elaborados para dar apariencia de legalidad a una resolución administrativa arbitraria e injusta', insistió Barrientos.

El concejal del PSOE acusó al PP de ocultar información e infringir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, que, aseguró, establece que en los terrenos 'sólo se pueden construir 35 apartamentos en lugar de los 165 autorizados por el equipo de gobierno del PP'. Barrientos llamó también la atención sobre la 'sorprendente celeridad' demostrada a su juicio por el gobierno local a la hora de conceder la licencia a Román.

El antiguo colaborador de Jesús Gil solicitó la rehabilitación de la licencia el 20 de mayo, y consiguió que en sólo cuatro días los técnicos municipales emitiesen informes favorables y se celebrase una comisión de gobierno extraordinaria para dar el visto bueno a su petición. Román ofreció una aportación a las arcas municipales de 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas) 'a fin de que Estepona participe en la plusvalía que va a generar la construcción de un hotel', un pago que Barrientos consideró 'sospechoso'. 'Se trata de una descarada y grosera vulneración de la legalidad a cambio de dinero', dijo el secretario local del PSOE, que apostilló que 'ni en la etapa de Gil Marín al frente de la alcaldía se produjeron tantos escándalos de irregularidades como con el gobierno actual del PP'.

Operación legal

El primer teniente de alcalde de Estepona, el popular Manuel Sánchez Bracho, insistió en la legalidad de la licencia otorgada a Román, cuya reactivación justificó 'para ahorrar al municipio el pago de una multa de 10 millones de euros (1.600 millones de pesetas)' al que fue la mano derecha de Gil y Gil. Insistió Sánchez Bracho que 'el ayuntamiento no ha aumentado en ningún caso la edificabilidad de la parcela' y que 'se ha limitado simplemente a revocar su caducidad al entender que había sido erróneamente declarada'.