Un albañil subcontratado se convierte en la 14ª víctima mortal por accidente en un mes
Lluís Franco asegura que la fiscalía irá a la vía penal en los accidentes con situación de riesgo para el trabajador
Verano trágico en la construcción. Con la muerte de un albañil en una obra en Tarragona, ascienden a 14 los fallecidos por accidente laboral registrados desde el pasado 15 de julio. El trabajador pertenecía a la empresa Solados y Alicatados Romoga, que aseguró que 'fue una desgracia que excedió la prevención de riesgos'. Una vez más, el accidente fatal se produjo en una firma subcontratada. Y ya son 11 en los que construcción y subcontrata van de la mano. El siniestro coincidió con la reunión en Tarragona entre la Generalitat, el Gobierno y la fiscalía, en la que se decidió incrementar los controles.
Los escenarios de muerte de trabajadores se repiten. Francisco Inbernol Bocanegra, de 49 años, murió ayer al caer al vacío desde unas escaleras de 12 metros de altura en unas obras de construcción de la urbanización Bellavista, en Salou (Baix Camp). Con esta víctima, los muertos en Cataluña por accidente laboral ascienden a 14 en las últimas cuatro semanas. 11 de los siniestros ocurrieron en empresas subcontradas de la construcción.
El albañil fallecido era un contratado temporal de la empresa Solados y Alicatados Romoga, que trabajaba, a su vez, para la constructora Innivan. Un portavoz de Romoga afirmó a este diario que la víctima 'cayó hacia atrás, sobrepasando la barandilla de seguridad obligatoria', por lo que descartó que el siniestro se haya producido por falta de prevenciones de la empresa.
La tragedia se conocía ayer durante una reunión entre el fiscal jefe de Tarragona, José María Parra; la delegada de Trabajo de la Generalitat, Montserrat Güell, y un representante de la Inspección de Trabajo. El resultado del encuentro se resume en la promesa de un incremento y endurecimiento de las inspecciones. La reunión no entraba en el calendario de trabajo de las tres administraciones, que se han visto forzadas a acelerarla debido a los últimos accidentes laborales que han dejado en el Camp de Tarragona tres víctimas mortales desde el 29 de julio, todas en el sector de la construcción.
Inspecciones difíciles
Montserrat Güell admitió ayer que la precariedad y la subcontratación, habituales en el sector, juegan en contra del cumplimiento de la normativa -tal como han denunciado los sindicatos-, y lamentó que el complejo entramado empresarial dificulte las inspecciones. Aun así, la delegada anunció que se incrementarán los controles con el objetivo de aplicar la normativa 'con el máximo rigor'.
La parte sancionadora de la ley de prevención de riesgos laborales prevé multas administrativas para accidentes de máxima gravedad que van de 30.000 a 601.000 euros. Durante el primer semestre de 2002, en Tarragona, las muertes por accidente laboral aumentaron el 250% en relación con 2001, según UGT. Esta central reveló que en la construcción 148 empleados de cada 1.000 sufren algún tipo de siniestro. La Generalitat abrió el pasado junio 222 expedientes a empresas de Tarragona, que han supuesto 380.000 euros en multas.
'La fiscalía acudirá a la vía penal en aquellos accidentes laborales en Cataluña en los que se advierta una situación de riesgo grave para los trabajadores', afirmó ayer el consejero de Trabajo, Lluís Franco, tras la reunión que mantuvieron en Tarragona representantes de la Generalitat, la Inspección de Trabajo y la fiscalía.
Franco manifestó ayer a Catalunya Ràdio que se actuará por la vía penal en todos aquellos casos en los que la inspección detecte una situación grave de riesgo, con el objetivo de luchar con más contundencia contra los accidentes laborales. 'Cualquier investigación que se haga en materia de seguridad y salud en la que se advierta que pueda haber infracciones que se puedan considerar graves, evidentemente se remitirán directamente a la fiscalía', insistió el consejero el mismo día en que falleció el trabajador número 14 durante las últimas cuatro semanas en Cataluña. Además, Franco se comprometió a mantener una reunión en los próximos días con las centrales sindicales. UGT había acusado al Ejecutivo catalán de dilatar el encuentro porque 'todo el mundo está de vacaciones'.
La nueva víctima en la construcción enardeció las voces sindicales. 'Las empresas no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales y el Gobierno catalán no hace nada', afirmó Carmen Cimarro, de UGT. En consecuencia, la central decidió elevar los siniestros por muerte laboral a la Agencia Europea de Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, para 'que toda Europa sepa los índices espectaculares de muerte en Cataluña'.
Falta de voluntad política
Por su parte, el portavoz de Comisiones Obreras de Cataluña, Manel García Biel, arremetió ayer contra el Departamento de Trabajo al asegurar que 'o tienen una actitud negligente y una falta de capacidad tremenda, o carece de voluntad política' para tomar medidas en favor de la disminución de este tipo de siniestros. García Biel responsabilizó, además, al propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a los empresarios 'que incumplen la ley', de que haya un 50% de empresas que no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales.
Al respecto, el presidente de la patronal Cecot, Eusebi Cima, sugirió que, aunque las empresas catalanas han asumido la prevención como parte de sus obligaciones, no ha calado demasido hondo la concienciación debido a una cuestión cultural, que 'no puede cambiarse de golpe', afirmó en una entrevista a Efe. Cima descartó que el problema del aumento de accidentes laborales sea la subcontratación. Cataluña ha registrado en el primer semestre de 2002, 96 muertes por accidente laboral, el 17% más que en el mismo periodo de 2001.
