La polémica del 'canon digital'

Cuatro sentencias avalan la pretensión de la SGAE de cobrar un porcentaje por cada CD grabable que se vende en España, un soporte que algunos usuarios utilizan para 'duplicar' CD de música. Uno de esos fallos, sin embargo, introduce una limitación: SGAE, que pretende cobrar a los fabricantes desde 1997, sólo ha probado que los españoles utilizan este soporte desde 2000.

El fallo de Cioce limita el 'alcance' de la SGAE porque no considera imposible saber desde cuándo se usa el CD-R para grabar música

La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) comenzó su batalla por tratar de cobrar un canon a los CD-R (compact disc recordable) hace más de un año, amparándose en un viejo concepto legal llamado copia privada. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) reconoce el derecho de los autores a explotar sus obras, aunque también reconoce el de los usuarios a realizar copias de esas obras para su exclusivo uso privado. Así que, para conjugar ambos derechos, la ley introduce la copia privada, que impone un canon a los fabricantes de 'materiales idóneos' para la reproducción. Las compañías deben pagar, por ejemplo, 30 pesetas por cada cinta de audio de una hora de duración que vendan.

Los CD grabables o CD-R estaban, hasta ahora, a salvo de pagar este canon porque están diseñados para grabar datos. Hacienda, por ejemplo, utiliza millones de ellos cada año para repartir el programa PADRE de declaración de renta. Estos discos, sin embargo, son utilizados también por un número indefinido de personas para grabar música en sus hogares. El número de gente que lo hace es el quid de este asunto. La SGAE dice que el 76,8% de los CD-R que se venden en España se destinan a copiar música. Asimelec, la asociación que representa a los fabricantes de estos productos, asegura que sólo un 10% de los CD-R se destinan a la copia de canciones.

¿Quién tiene razón? Las ventas de CD-R han crecido espectacularmente, de 80 millones en 2000 a los 200 millones de 2001. También es cierto que la SGAE ingresa cada vez menos dinero por el concepto de copia privada; la memoria de la entidad indica que en 2001 recaudó un 31% menos que en 2000. Otra cuestión es el porqué. La entidad gestora achaca este descenso 'a la continuada negativa de los fabricantes e importadores de los CD-R data a abonar los derechos'. Los fabricantes creen, por su parte, que ese descenso se debe al creciente problema de piratería musical que existe en España. Creen, en fin, que la SGAE trata de compensar lo que deja de ingresar por la copia ilegal de CD imponiendo cánones a los fabricantes de soportes.

En mitad de la batalla, la SGAE ha decidido demandar en los tribunales a los fabricantes e importadores de CD-R. Y desde enero de este año, se han producido cuatro sentencias en tribunales de primera instancia, todas ellas a su favor. Las compañías Traxdata, Cioce, Verbatim y S.I.T. Telcomait han fallado en su argumentación de que los CD-R están destinados a la grabación de datos, ya que la SGAE incluye en sus demandas un informe donde el perito Rafael Aracil, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Autónoma de Madrid, asegura: 'Los CD-R son en la actualidad el soporte que mejores prestaciones ofrece para la grabación musical y, por tanto, el comúnmente utilizado'. Las compañías han sido condenadas, por tanto, a pagar a la SGAE por todos los CD-R que venden.

Tres de estas empresas -Traxdata, Verbatim y S.I.T. Telcomait- deben, además, pagar el canon por todos los CD-R que han vendido desde 1997 o 1998, en el caso de S.I.T. La ejecución de estas sentencias supondría, según Asimelec, unos 45 millones de euros para el sector.

Uno de esos fallos, el de Cioce, introduce una novedad. El informe de Aracil está firmado el 18 de diciembre de 2000, y fue esta fecha, y la expresión 'en la actualidad', la que le dio la idea al abogado de Cioce, Jordi Llobet, para decidir cómo enfocar su defensa. Llobet, abogado del bufete catalán Llobet y Beirat, afirmó que la SGAE sólo había probado que los CD-R eran el soporte 'comúnmente utilizado' para la grabación musical en diciembre de 2000 y, por tanto, no cabía su reclamación de canon para los años anteriores. La jueza Ana María Cameselle le dio la razón: 'No se desprende ni resulta cabalmente posible determinar la fecha en la cual los adquirientes finales del producto, de forma masiva, han dado a éste el uso indebido', dice el fallo.

La batalla continúa. Sigue en los tribunales porque todas estas sentencias están recurridas, y aún hay más casos en espera de resolución. Y continúa fuera de los juzgados porque la lucha promete extenderse a otros 'materiales idóneos', como dice la ley. Y es que una canción o una película es tan sólo un conjunto de bytes que pueden ser copiados hasta el infinito y reproducidos en múltiples soportes. Por eso, la SGAE reconoce que está estudiando cómo cobrar canon a estos soportes, entre ellos los discos duros de ordenadores o los DVD grabables (DVD-R). Aunque la entidad niega que tenga ninguna acción en mente aún, sí confirma que sigue muy de cerca el caso francés, donde hay una comisión parlamentaria que ya ha aprobado el cobro de un canon por CD-R y DVD-R.

Europa no ha llegado tan lejos como Estados Unidos, en todo caso. El senador demócrata por California Howard Bergman está tratando de que el Congreso apruebe una ley que permite destruir los ordenadores de los usuarios que copien música o películas. Bergman recibió unos 200.000 dólares de la industria del entretenimiento durante su campaña electoral.