Primeros trámites
El Gobierno no ha esperado a iniciar los primeros trámites para la posible ilegalización de Batasuna, tras el silencio cómplice de esta formación política sobre el último atentado sangriento de ETA. Pero antes de instar directamente ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la declaración formal de ilegalidad, quiere que el Congreso se implique en esta iniciativa y, además, ha querido asegurarse la garantía de la Fiscalía del Estado de que actuará con el máximo rigor y fundamento jurídicos. Ayer, el Ministerio de Justicia se apresuró a remitir a la Fiscalía del Estado el material acumulado sobre la actividad de Batasuna supuestamente relacionada con ETA.
El Gobierno ha apostado por una vía que, al tiempo que pone de manifiesto ante la opinión pública que la iniciativa es suya y que responde a la voluntad política de ilegalizar a Batasuna 'cuanto antes', como ha reiterado Aznar con tan malos modos, deja al ministerio fiscal la función de asesorarle sobre los fundamentos legales de su decisión. Ese papel del ministerio público no deja de ser anómalo, pues su tarea no es la de asesorar al Gobierno, ni siquiera en una materia tan delicada como la posible ilegalización de un partido. Pero que el Gobierno se sitúe en segundo plano en los trámites preparatarios del proceso no deja de ser inteligente por su parte. De un lado, le pone a cubierto de la marcha siempre azarosa de un proceso judicial. Y de otro, deja traslucir la idea de que el posible proceso contra Batasuna tendrá el máximo de garantías y no se convertirá en una carrera movida más por la indignación del último atentado que por estrictas razones de legalidad.
Es importante, en todo caso, que el Gobierno quiera implicar al Congreso, pues se trata de un asunto de una trascendencia política incuestionable, que requiere el máximo concierto entre las fuerzas políticas, máxime cuando se imprime tan inusitada rapidez a una decisión de tal gravedad. La participación del Congreso y el Senado en esa iniciativa está prevista en la Ley de Partidos y otorgará, sin duda, mayor legitimidad y fundamento a la decisión del Gobierno. En todo caso, la significación y trascendencia del proceso iniciado obligará al Ejecutivo a mantener informado de sus pormenores al conjunto de partidos políticos. Y a la opinión pública. Habría que evitar mensajes, subliminales o explícitos, que relacionen en exceso la posible ilegalización de Batasuna con el fin de ETA. La Ley de Partidos no es una ley antiterrorista, y no tenerlo en cuenta podría crear falsas y siempre frustrantes expectativas. Si se aplica a Batasuna es porque, si existen evidencias de que forma parte del conglomerado de ETA, ese partido no puede ser legal ni beneficiarse de las ventajas de la legalidad. Es una cuestión de principios y de coherencia democrática. Más allá de sus eventuales efectos positivos o de la situación 'mucho más dramática' con la que amenaza Otegi.
