El PSOE pide al Consejo General que actúe en el conflicto judicial de Cádiz

El PSOE pidió ayer la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el conflicto abierto entre el titular del Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto, Miguel Ángel López, con la Fiscalía. El primero acusó a los fiscales de entorpecer la investigación del caso Manzanilla, con 140 imputados por narcotráfico. El fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, defendió ayer la actuación de su departamento.

El diputado socialista Salvador de la Encina solicitó ayer al CGPJ que abra 'de oficio' una investigación 'a fondo' sobre la tramitación del caso Manzanilla, que investiga una supuesta red de narcotráfico que provocó la dimisión de responsables policiales. La petición del PSOE responde al conflicto entre Miguel Ángel López Marchena y los fiscales. El juez -después de que el ministerio público pidiera la división del caso entre varias audiencias o su traslado a la Audiencia Nacional y dudara sobre la existencia de una única red organizada- acusó en un auto a los fiscales de entorpecer la investigación, lanzar 'un ultimátum al instructor que roza el ataque a la independencia judicial' e 'introducir cuestiones procesales inexistentes que, en condiciones de normalidad, sólo plantean las defensas'.

El diputado Salvador de la Encina consideró ayer 'urgente' que 'por el bien de los propios fiscales de Cádiz' se analice toda la instrucción, al considerar 'muy grave' la acusación del juez. De la Encina defendió que, 'ahora más que nunca', el caso permanezca bajo la tutela del juzgado de El Puerto.

La Fiscalía de Cádiz aseguró ayer que su actuación en la instrucción judicial de la operación Manzanilla se está guiando con el objetivo de 'garantizar el éxito del enjuiciamiento'.

El fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, declaró que las decisiones sobre el caso que está tomando la fiscal que lleva el asunto, que es delegada de la Fiscalía Especial Antidroga, Ana Isabel Villagómez, 'no son criterio personal de ella, sino acuerdos tomados por el fiscal jefe luego de oída la junta sectorial de la Fiscalía'.

Con estas palabras Hidalgo pretende aclarar lo que considera un 'pretendido enfrentamiento' entre la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), que instruye el caso.

Ante la acusación de que los fiscales plantean cuestiones propias de la defensa, como el conflicto de competencias, Hidalgo explicó que la defensa de un procesado plantearía una cuestión de competencia como ésta ya acabada la instrucción, en el juicio oral, lo que podría motivar la nulidad de la causa y la puesta en libertad de los acusados.

Este tipo de cuestiones, afirmó Hidalgo, el fiscal debe 'plantearlas cuando tienen arreglo, no para beneficiar a los acusados sino para garantizar el éxito del enjuiciamiento'.

Hidalgo agregó que el planteamiento del juzgado sobre esta cuestión supone 'desconocer que en el proceso penal la competencia de un juez nunca es prorrogable, ni negociable, pues tiene una repercusión constitucional que puede producir la nulidad de decisiones importantes'.

Por otro lado, ante las quejas del juzgado sobre las 'contradicciones' de la actuación del ministerio público, Hidalgo defendió a la fiscal que tramita la causa, que ha sido designada para este caso por ser la delegada de la Fiscalía Especial Antidroga y 'por su experiencia' y 'antigüedad'.