La restricción de movimientos de fiscales por temas de seguridad provoca retrasos

El asesinato en noviembre pasado del magistrado de la Audiencia de Vizcaya, José María Lidón, obligó a los responsables del Interior de los gobiernos central y vasco a colocar paulatinamente escolta a todos los jueces, magistrados y fiscales que ejercen en el País Vasco y a reforzar las medidas de seguridad en los edificios judiciales. No fueron las únicas medidas que se tomaron para dificultar las tareas de información de los terroristas y la posibilidad de atentados de ETA.

La Fiscalía de Vizcaya también tomó sus propias medidas para limitar al máximo los desplazamientos de sus miembros por los pueblos de la provincia y reducir así un posible atentado de la organización terrorista ETA durante el trabajo de los fiscales en las zonas rurales. Este asunto ha sido denunciado por varios juzgados en la memoria judicial elaborada en 2001 por el Tribunal Superior de Justicia vasco.

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