A vueltas con el 'botellón'

La entrada en vigor de la Ley de Drogodependencias de la Comunidad de Madrid arroja no pocas dudas sobre la utilidad que las medidas restrictivas y sancionadoras contenidas en dicha ley tendrán sobre la corrección de hábitos de consumo de alcohol entre los y las jóvenes. Las medidas propuestas en dicha ley, así como las que, presumiblemente, contendrá el proyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol (que verá la luz parlamentaria este otoño) invitan, cuando menos, a la reflexión.

Obviando las formas a las que nos tiene, lamentablemente, casi acostumbrados el Partido Popular -huida sistemática del diálogo con los sectores sociales implicados, como el Consejo de la Juventud, asociaciones de padres y madres, ONG que desarrollan su labor en el ámbito de la prevención y disminución de riesgos, etcétera-, el contenido de dichas normativas desprende ese tufillo excesivamente represor y autoritario que ha presidido la actuación del Gobierno desde que las urnas le otorgaran su cómoda mayoría parlamentaria. El PP ha optado, una vez más, por la vía de la imposición de su voluntad, rompiendo el consenso y apuntando mecanismos represores que no aportarán luz al verdadero problema del botellón. La normativa y sus sanciones no obedecen a razonamientos técnicos en materia de prevención de drogodependencias y potenciación de hábitos de vida saludable entre los jóvenes, por lo que no es descabellado sospechar su inutilidad.

'La solución pasa por alternativas de ocio, planes de prevención y educación para la salud'

El alcohol forma parte de nuestras vidas y costumbres y su consumo goza de plena aceptación social, por lo que resulta difícil desarrollar campañas de prevención de su uso abusivo. Las administraciones deben poner todo su empeño en mitigar el consumo excesivo que los jóvenes hacen del alcohol durante los fines de semana, claro está. Pero el contenido de la normativa propuesta por el Partido Popular nada tiene que ver con este empeño. Insertos en una evidente estrategia de criminalización a la juventud, más bien parece que han 'aprovechado' la presencia de botellones en la calle para despistar a la opinión pública ante el evidente fracaso de sus políticas de seguridad ciudadana. La huida del señor Cotino a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana podría tener mucho que ver con la inexplicable -desde el punto de vista técnico- dureza de la normativa antibotellón. Que nadie se lleve a engaño: ni la delincuencia es culpa del botellón ni todos los jóvenes hacen botellón, ni las medidas propuestas acabarán con el problema del botellón.

Es cierto que el botellón encierra un problema de convivencia todos los fines de semana entre jóvenes que recurren a las calles para divertirse -alguien debería haber sospechado que seguramente no tienen otra forma de divertirse con sus amigos- y los vecinos residentes en estas zonas. El PP parece haberse esforzado en transmitir una imagen de eficacia en este asunto que no se corresponde en absoluto con la insensata realidad de un problema que parece no tener más solución que la represión en manos del PP.

El PP ha dejado de lado el verdadero problema del botellón: el consumo excesivo de alcohol por los jóvenes y la inexistencia de una adecuada y accesible oferta de ocio alternativo para esos jóvenes. Si el consumo de alcohol por los jóvenes se localiza principalmente en ámbitos públicos, si los y las jóvenes establecen sus centros de diversión en las plazas y en las calles hasta el punto de hacer del botellón una costumbre arraigada en diversas edades (desde los 14 años hasta los 30) y diversos niveles de renta y poder adquisitivo, si los jóvenes han optado por este tipo de diversión de una manera tan evidentemente generalizada, una simple prohibición no será la vía más adecuada para modificar hábitos tan insalubres para los jóvenes como molestos para los vecinos.

Hablar de alcoholismo entre los jóvenes es una exageración -el consumo diario aparece de manera preocupante a los 49 años, según el Plan Nacional Sobre Drogas-, pero la tasa de bebedores habituales no dependientes se incrementa significativamente con la edad, pasando del 15,6% a los 12 años hasta el 83,1% a los 17. El consumo nocivo de alcohol, con una búsqueda intencionada de la embriaguez en los adolescentes y jóvenes, es un problema que requiere una urgente solución por parte de las administraciones públicas. Y esta solución está por llegar en la legislación del PP: ni se contemplan políticas reductoras del riesgo de dicho consumo, ni se plantean políticas educativas orientadas a la generación de una conciencia del riesgo entre los jóvenes y los adolescentes, ni se plantean estrategias globales en políticas de juventud que contemplen la problemática juvenil desde sus diferentes ángulos. Parece sensato regular la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas y analizar los efectos que dicha publicidad tiene sobre el consumo en los jóvenes. Seguramente, la conclusión a la que llegaríamos sería la de eliminar todo tipo de publicidad de bebidas alcohólicas que encuentre en los jóvenes a sus destinatarios directos o potenciales. Pero la normativa propuesta es una normativa poco ambiciosa que pasa de puntillas por los verdaderos ejes de la solución del problema del botellón: ocio alternativo, planes de prevención, educación para la salud y planes de prevención en todos los niveles de la administración que tengan a los jóvenes como destinatarios, no como culpables. Porque la normativa propuesta busca a los jóvenes para redimir los problemas de gestión del PP, en vez de para procurarles un mayor bienestar.

Desde Juventudes Socialistas queremos apostar por una Ley Integral de Ocio Juvenil, que implique a todas las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas) y también a los jóvenes, legítimamente representados a través de los Consejos de la Juventud de los diferentes niveles territoriales. Una ley que cuente también con el consenso de las ONG implicadas en las políticas de drogodependencias, para ofrecer soluciones acertadas al problema del ocio entre los jóvenes. Una ley que forme parte de una estrategia transversal de políticas de juventud que coloque a los jóvenes en su papel de actores de las medidas legislativas de las que son objeto, en vez de sujetos pasivos de la estrategia electoral del partido en el Gobierno.

Herick M. Campos Arteseros es secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE)