Sólo 15 extranjeros de los 20.000 que lo pidieron consiguen regularizarse por arraigo

Conseguir un permiso de residencia por motivos de arraigo, una de las pocas vías de regularización que les queda a los inmigrantes sin papeles, se ha convertido en una empresa casi imposible, al menos Cataluña. De las 20.000 personas que han solicitado un permiso de residencia por este motivo en Barcelona en el último año, sólo 15 han conseguido su objetivo y, según un portavoz de esta administración, 'muy pocas personas más' lo van a lograr. La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados denunció ayer ante el Defensor del Pueblo 'graves irregularidades' en la Oficina de Extranjería.

La regularización por arraigo es una de las figuras previstas en la Ley de Extranjería y se concede a las personas 'que acrediten una permanencia continuada en terrritorio español durante un periodo mínimo de cinco años'. Además, el reglamento prevé una reducción del plazo de cinco años a tres años si se acreditan circunstancias como la incorporación real al mercado de trabajo y los vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles.

Aunque el reglamento entró en vigor hace sólo un año, el pasado mes de junio el Gobierno de José María Aznar ya avanzó que estaba estudiando una nueva reforma de la Ley de Extranjería que, entre otras restricciones, puede incluir el cierre de cualquier forma de regularización por motivos de arraigo y reducir drásticamente las reagrupaciones familiares.

Pero a la vista de los últimos datos de la Delegación del Gobierno en Cataluña, estas restricciones ya se están aplicando. El año pasado, el Gobierno abrió un nuevo proceso de regularización destinado a quienes pudieran acreditar que ya vivían en España antes del 23 de enero de 2001. Un total de 350.118 personas presentaron su solicitud, de las que 216.000 recibieron una respuesta afirmativa. El 38% de las solicitudes presentadas en España fueron denegadas, porcentaje que en Cataluña subió hasta el 64%.

17.000 solicitudes pendientes

Este año, pese a que la regularización por arraigo está incluida en el reglamento de la Ley de Extranjería, sólo 15 de las 20.000 solicitudes recibidas hasta mediados de junio en Barcelona han tenido un sí por respuesta. Otras 2.000 ya han sido denegadas y a mediados de junio se acumulaban más de 17.000 solicitudes pendientes de resolución. El director de la Oficina de Extranjería de Barcelona, Eduard Planells, considera 'normal' este arrollador volumen de denegaciones, ya que 'todos los inmigrantes que podían demostrar que ya vivían en España antes de 2001 ya lo hicieron durante el anterior proceso de regularización. Difícilmente alguien podrá demostrar ahora que lleva tres años en España si antes no lo hizo'. Por ello considera que la mayor parte de las 17.000 solicitudes pendientes también serán denegadas.

Pero la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados no considera válidos estos argumentos y ayer presentó una queja al Defensor del Pueblo por 'el anormal funcionamiento de la Oficina de Extranjeros de Barcelona', que el pasado invierno suprimió la atención personal a los usuarios y la sustituyó por atención telefónica. En la denuncia también se expresa el malestar por 'los incumplimientos sistemáticos del plazo de tres meses para resolver los documentos que la ley establece'. Por ello la comisión considera que la Oficina de Extranjería está incurriendo en 'graves irregularidades'.

Según este organismo, la sustitución de la atención personal a los inmigrantes por la atención telefónica comporta 'graves lesiones' al derecho a la información, a la vista del expediente, y responde únicamente a la voluntad de eliminar las colas de inmigrantes que se formaban frente a la Oficina de Extranjeros. Asimismo denuncia la falta de publicidad y los 'cambios constantes de criterio' respecto a las condiciones exigidas por la Administración, así como la disparidad de las normas según las autonomías o incluso entre diferentes ciudades.

La comisión del Colegio de Abogados critica también el incumplimiento del plazo de tres meses establecido por la ley para resolver los expedientes, lo que, a su juicio, genera retrasos en la tramitación de expedientes de reagrupación familiar de un año o más, por ejemplo, y provoca 'situaciones de irregularidad, clandestinidad y explotación'.

'La arbitrariedad en la tramitación de las solicitudes de permisos de residencia temporal ha llegado al extremo de irregularidades tan graves como la denegación de solicitudes sin incoación del expediente previo', según ha asegurado en el comunicado la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona.

En la queja al Defensor del Pueblo se denuncian también 'frecuentes prácticas de inadmisiones a trámite por supuesta falta de legitimación de los solicitantes, sin motivación alguna y con omisión de los trámites preceptivos de audiencia o de requerimiento de la documentación complementaria'.

La comisión de abogados considera que con estas supuestas prácticas, además de lesionar los derechos de los extranjeros y obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones, la Administración 'puede estar incurriendo en una conducta discriminatoria' que está tipificada por la Ley Orgánica de Extranjería como infracción muy grave.

La Delegación del Gobierno en Cataluña no emitió ayer ninguna respuesta a las acusaciones de los abogados ya que, según afirmó un portavoz, no había recibido ningunan notificación de la queja.

Sí reaccionaron algunas de las organizaciones de ayuda social. El gerente de Cáritas Barcelona, Joaquim Sabaté, lamentó que se deje a los inmigrantes 'en un camino sin salida' al no concedérseles la documentación y no acelerar tampoco los trámites de la expulsión tal y como se establece en la Ley de Extranjería.

Cáritas, que se encarga junto con Cruz Roja de la atención a los inmigrantes indocumentados por un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat, calcula en 50.000 el número de inmigrantes indocumentados que residen en Cataluña. 'Para organizaciones como la nuestra se hace cada vez más difícil continuar atendiendo todos los frentes en que se nos requiere, ya que la pobreza y las desigualdades están aumentando a un ritmo vertiginoso, y no sólo entre los inmigrantes', recordó Sabaté. También SOS Racismo, que acusa al Gobierno de alentar el racismo al relacionar constantemente inmigración con delincuencia, ha denunciado repetidamente el funcionamiento de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno. Aunque el año pasado esta oficina regularizó a 89.000 inmigrantes, más del doble que en 2000, el último proceso de regularización extraordinario, cerrado el 31 de julio del año pasado, dejó a más de 30.000 personas sin documentación. Los responsables de extranjería consideran que buena parte de estas personas ya no viven en Cataluña y que presentaron su solicitud por el efecto llamada de las regularizaciones pero en realidad viven fuera de España. No piensan lo mismo los responsables de los servicios sociales de la Generalitat y los ayuntamientos, que acaban siendo los que reciben cientos de peticiones de ayuda cada semana de personas que ni pueden trabajar ni se las puede expulsar de España.